Solicitaron a las autoridades "avanzar en la investigación oportuna de los hechos".
OEA rechaza agresión a periodistas de La Opinión
La Misión de Apoyo a Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) rechazó las intimidaciones contra dos periodistas de nuestra casa editorial ocurrida el pasado juevesen la vía a San Faustino, cerca de la cárcel de Cúcuta y pidió protección para los comunicadores en el país.
En un comunicado divulgado este sábado el organismo solicitó a las autoridades "avanzar en la investigación oportuna de los hechos que pusieron en riesgo la vida e integridad", de los comunicadores Andrés González y Cristian Herrera, de La Opinión y Q'hubo.
La MAPP/OEA hizo un llamado al gobierno colombiano para que garantice "la seguridad de los periodistas amenazados y en riesgo en todo el país".
"La Misión valora enormemente el trabajo que los reporteros, editores y periodistas han venido realizando para visibilizar e informar sobre las dinámicas del conflicto armado y la criminalidad en Colombia", indicó la OEA en el texto.
Añadió que garantizar los derechos de los comunicadores y el ejercicio de la prensa libre son "requisitos fundamentales para la construcción de la paz duradera".
González y Herrera fueron intimidados por un grupo de motociclistas cuando se desplazaban en su vehículo, el cual fue impactado con piedras, en un hecho en el que al menos uno de los agresores estaba armado e hizo disparos, según relataron los comunicadores a medios locales.
Durante 2015, 472 líderes sindicales, 628 defensores de derechos humanos y 131 periodistas recibieron amenazas, según datos recopilados por la Defensoría del Pueblo de Colombia.
El gobierno del presidente Juan Manuel Santos firmó en noviembre pasado un acuerdo con las guerrillas de las Farc, tras cuatro años de conversaciones, mientras espera poder instalar pronto la mesa pública de negociación con el Eln.
Colombia vive una conflagración interna de más de medio siglo que enfrentó a guerrillas, paramilitares, grupos criminales y agentes estatales, con un saldo de 6,9 millones de desplazados, 268.000 muertos y 60.000 desaparecidos.
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