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Jueves, 25 Junio 2020 - 5:32am

Norte de Santander goza ya de una política pública de salud mental

Se busca establecer lineamientos, orientaciones, ejes y estrategias en este ámbito de la salud.

La Opinión
Por medio de una transmisión en el fan page de la Gobernación, se dio a conocer a los nortesantandereanos la Política Pública de Salud Mental.
/ Foto: La Opinión
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El aislamiento social que trajo consigo el coronavirus, no solo produjo una profunda crisis económica, sino que generó la agudización de una problemática que se hizo más visible en estos tiempos: las enfermedades mentales. 

A pesar de esto, la situación produjo que se creara en el departamento una Política Pública de salud mental, la cual fue bien recibida. 

El lanzamiento de esta política se dio de forma virtual, en donde el gobernador, Silvano Serrano; el director del Instituto Departamental de Salud, Carlos Martínez; el presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea, Juan Carlos Bocanegra; Nubia Bautista Bautista, subdirectora de Enfermedades No Transmisibles y Coordinadora de Grupo G.I de Salud Mental y Ana María Peñuela, coordinadora del Grupo de Convivencia Social y Ciudadanía, del Ministerio de Salud y Protección Social hicieron oficial esta nueva Política Pública.  

Con este proyecto, se busca establecer lineamientos, orientaciones, ejes y estrategias encaminados a contribuir en el favorecimiento de las condiciones en salud mental.

Además, de desarrollar acciones para promover la transformación de los imaginarios sociales y culturales que generen comportamientos y entornos protectores, promover las garantías de los derechos de inclusión y fortalecer la capacidad de respuesta familiar, institucional y comunitaria.

Durante el lanzamiento de la Política Pública de Salud Mental del departamento, se dio a conocer que ésta se estructura también a partir de lineamientos técnicos de inclusión, implementación, seguimiento, evaluación y financiación, cuya vigencia será de 10 años, para el periodo 2019-2029.

El mandatario departamental, señaló que es importante que, en el marco de la formulación, discusión y prontamente aprobación del Plan de Desarrollo Departamental, se incluyan programas para la prevención de hechos que amenazan la vulneración de derechos en niños y jóvenes. De la misma manera, el fortalecimiento de la capacidad de respuesta institucional.
Por su parte, Martínez, director del Ids, resaltó que esta política permitirá abordar enfermedades como la depresión, el suicidio y el consumo de sustancias psicoactivas.
Y es que, según se dio a conocer en este encuentro, el 83% del consumo de sustancias psicoactivas se presenta en hombres y Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario, Ocaña y El Zulia, son los municipios donde hay más incidencia. En el caso del suicidio, Ocaña y Cúcuta, son las zonas de más influencia con 823 casos en 2019, según cifras del Ministerio de Salud y Protección Social. 

Además de los lineamientos de esta política, durante el lanzamiento de la misma se lograron establecer ciertas metas para el 2029 en las esferas de promoción de la salud mental y la convivencia, prevención y atención integral a problemas y trastornos mentales y a diferentes formas de violencia, prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas. 

Entre las metas se destacan las siguientes: primero, que el 100% de los municipios adopten la política departamental de salud mental conforme a los lineamientos y desarrollos técnicos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Departamento. Aumentar en un 5% la percepción de satisfacción de los parques o sitios públicos con respecto a mantenimiento, infraestructura, ruido, basuras e iluminación.

Mantener en 180 por 100.000 habitantes la tasa de incidencia de violencia intrafamiliar. Aumentar al 40% el promedio de la toma de decisiones conjunta con la pareja sobre asuntos específicos del hogar y aumentar a 30% el involucramiento parental en niños y adolescentes escolarizados. Contener en 6,8 por 100,000 habitantes la tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones auto-infringidas intencionalmente. Mantener por debajo de 5.5% la prevalencia año del consumo de marihuana en la población escolar, entre otras. 

La Opinión

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