El Ministerio de Vivienda le hizo ver al alcalde saliente, César Omar Rojas, el grave error en que habría incurrido su secretario de Planeación, Jorge Omar Gandolfo, tras adjudicar un contrato de interventoría para el relleno sanitario, que será financiado con cargo a la tarifa de aseo.

En un oficio que le dirigió el viceministro de Agua  y Saneamiento de dicha cartera, José Luis Acero Vergel, le señala que los cobros  por la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo deben obedecer al régimen establecido por la Ley 142 de 1994.

Asimismo, que la prestación de dichos servicios deberá sujetarse a las disposiciones tarifarias de carácter regulatorio expedidas por la Comisión  de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), por lo tanto, las autoridades municipales no tienen la potestad de incluir rubros adicionales a los definidos por las disposiciones regulatorias vigentes.

Lo anterior en franca mención al financiamiento del contrato de interventoría del relleno sanitario Guayabal, vía tarifa del aseo, que Gandolfo adjudicó a finales del mes de diciembre a la empresa Audimón S.A.S.

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Según ese contrato, esta firma recibirá por seis años un pago mensual de 140 millones de pesos, lo que significa que al final, los usuarios terminarán pagando 10.080 millones de pesos por las mismas funciones que venía asumiendo la alcaldía de manera directa.

Gandolfo admitió a La Opinión no haber hecho estudios técnicos para establecer la financiación vía tarifa del aseo a los usuarios de este servicio público.

En tal sentido, Acero le recordó al saliente alcalde de Cúcuta, que no se puede cobrar a los usuarios servicios no prestados, tarifas ni conceptos diferentes a los previstos en las condiciones uniformes de los contratos, ni se podrá alterar la estructura tarifaria definida para cada servicio público.