El proceso que adelanta la Fiscalía de Cúcuta sobre la denuncia penal del subdirector de Valorización del Área Metropolitana de Cúcuta, José Gregorio Botello, contra la directora de la misma entidad y superiora jerárquica, Patricia Gallego, por el presunto delito de prevaricato por omisión, sería trasladado a Bogotá.

La Opinión conoció el oficio que se radicó en el despacho del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, en el que Botello argumentó falta de garantías para llevar a feliz término la investigación contra Gallego y cinco alcaldes del área metropolitana.

“Acudo a su despacho para solicitar por sí o por su intermedio a quien corresponda el cabio de radicación tanto del proceso de la referencia como de la ampliación de la denuncia que formulé ante la Dirección Seccional de Norte de Santander los días 13 de abril y 1 de noviembre del año en curso”, precisa Botello en su oficio.

Entre las consideraciones que expuso el funcionario a Martínez figuran el hecho de haber sido sometido el 28 de febrero de 2018, ‘bajo insuperable coacción ajena’, a expedir la resolución metropolitana No. 077 de 2018 (para dar paso a un convenio de cooperación empresarial entre las empresas Transportes Petróleo S.A.S. y Transporte Tonchalá S.A.).

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De igual manera, el que se haya expedido irregularmente un nuevo manual de funciones y requisitos del Área Metropolitana. También, por el hecho de haberse materializado las amenazas del retiro de su cargo sin que se tuviera en cuenta que había presentado renuncia motivada.

Entre los motivos también llama la atención el que  el exesposo de Gallego, Alfredo Omaña Granados, se desempeñe en la actualidad como fiscal noveno delegado ante los jueces del circuito.

También, el hecho de que Zuleima Amparo Cruz Gaona, esposa del actual alcalde de Cúcuta, César Omar Rojas, vinculado al proceso, funge como fiscal especializada en esta ciudad.

El proceso de la referencia  se instauró el 13 de abril de 2018, pero solo fue asignado el 14 de septiembre pasado, por lo que Botello argumenta al Fiscal General de la Nación de que no existen plenas garantías.

Además de Botello y Rojas, al proceso fueron vinculados también los alcaldes de Los Patios, Diego González; El Zulia, Elkin Caballero; San Cayetano, Luis Javier Agudelo, y el del Puerto Santander, Henry Valero.

La Procuraduría y la Fiscalía le abrieron procesos a Gallego por prevaricato por omisión.

Según la denuncia que Botello instauró en la Fiscalía, a la directora del Área Metropolitana se le procesa por abuso de autoridad, por omisión de denuncia y falsedad ideológica en documento público, entre otros.

Además, la denuncia fue ampliada por las presuntas irregularidades en la expedición irregular de un nuevo manual con el que a Botello se le retiraron sus funciones como subdirector de transporte del Área Metropolitana.