Con escepticismo, así recibieron los profesores y padres de familia la Directiva 011 expedida por el Gobierno Nacional que incluye las orientaciones emitidas por el Ministerio de Educación para que, con la debida anticipación, las autoridades competentes inicien la preparación de las acciones requeridas para el retorno gradual y progresivo a las aulas bajo un esquema de alternancia.

Sin embargo, esta noticia no fue bien acogida por asociaciones de docentes e instituciones educativas de la región. Y es que, en Norte de Santander, se da cuenta de un registro de 161.877 estudiantes matriculados entre públicos y privados, sin contar los 157.000 niños que están inscritos en ambos regimenes  de Cúcuta, los cuales se han visto afectados por el cierre de las aulas. 

Esta directiva, que en un principio estaba dirigida a instituciones privadas,  horas después incluyó a los colegios oficiales para que desde ya se desarrolle una planificación organizada de este retorno a las clases presenciales, dejó versiones encontradas sobre los riesgos que se pueden representar, en especial en los colegios públicos, que en su mayoría no cuenta con una infraestructura adecuada para aplicar las normas de bioseguridad requeridas.

Ángel José Suárez, presidente de la Asociación departamental de Instituciones educativas privadas de Norte de Santander, Eduprinor, comentó que consideraban inaceptable que el Gobierno Nacional los tomara como prueba para ver si la reactivación de las clases presenciales funcionaba, por lo que consideró inoportuna la medida, ya que no hay confianza por parte de los padres de familia, ni docentes en que los protocolos de bioseguridad funcionen en espacios escolares.

No está claro el posible regreso a las aulas y desde nuestro punto de vista, esto tiene muchísimos riesgos en atención a que en primera instancia el Gobierno nos desconoció, pues esos protocolos los están construyendo de manera individual, sostuvo Suárez.

Agregó que o hay presencia de las organizaciones de colegios privados y peor aún no se convocó a la asociación de los padres de familia que son finalmente los que deciden si envían o no sus hijos a clases, pues no hay garantías como una vacuna que dé seguridad a las personas. Según nuestras encuestas, cerca del 98% de los padres están en desacuerdo con el regreso de las clases presenciales y en eso nos mantendremos.

La Asociación Sindical De Institutores Nortesantandereanos, Asinort, también expresó su inconformismo frente a esta directiva. Hugo Cárdenas, fiscal de la asociación, dio a conocer que los docentes y rectores del departamento señalan que no existen las condiciones para llevar a cabo un retorno a clases de la manera como se está previendo para el 1 de agosto.

El tema en la educación pública va a ser muy complejo, en el sentido en que habrá que organizar a los estudiantes porque no pueden ir todos, además de la inversión que hay que hacerle a la infraestructura educativa y los elementos de bioseguridad, según Cárdenas. 

"Por eso planteamos que, ante la directiva del Ministerio de Educación, se hagan diálogos directos con las comunidades, con los comités académicos y los consejos directivos, para que se puedan diseñar unos protocolos propios y podamos ser conscientes. Esto es un problema de profundidad en donde no puede sustraerse la responsabilidad colectiva, por eso mientras no hayan garantías, no apoyaremos la idea de volver a las aulas".

Diálogos y mesas de trabajo para llegar a un acuerdo

El secretario de Educación municipal, Arturo Charria señala que la importancia de esta directiva está en comprender la interpretación de la palabra alternancia y progresividad. 
En este sentido, dijo que cuando se habla de alternancia refiere a que posiblemente algunos estudiantes podrían volver a las instituciones educativas, pero no todos ni todos los grupos y cuando se habla de progresividad, alude a que seguramente se irá avanzando desde los cursos superiores hasta los cursos inferiores.

“El regreso a las aulas se daría de la mano de la alternancia y la progresividad para ir generando confianza, de tal forma que vamos viendo cómo poco a poco se va comportando todo en relación con el diálogo con distintas secretarías que tienen que ver con este ejercicio, como lo es Secretaría de Salud, Gobierno, Tránsito y demás dependencias que tengan un papel importante en este retorno”, comentó el funcionario.

En el momento, desde la administración municipal se está evaluando primeramente las condiciones de salud, respecto al comportamiento de la curva epidemiológica en la ciudad y en ese sentido el reto estará en poder generar condiciones de bioseguridad y generar confianza en los cucuteños.

El secretario de Educación hizo hincapié en que de ninguna forma se podrá obligar a estudiantes y padres de familia a tomar clases presenciales y esto, no deberá representar la pérdida del año escolar para el alumno.

Por su parte, la Secretaría de Educación Departamental dio a conocer que desde la próxima semana se llevarán a cabo reuniones con alcaldes de los distintos municipios del departamento, sindicatos y rectores de las instituciones educativas con el fin de crear mesas de trabajo para la elaboración de protocolos de bioseguridad para que los niños puedan asistir a las aulas a partir de agosto.

Además, también se prevé una reunión con el Instituto Departamental de Salud, Ids, y la Oficina de Gestión de Riesgo de Norte de Santander, entidades que serán apoyo en la creación de protocolos.  Se harán también pruebas piloto en municipios en donde no hay coronavirus, para comprobar  la funcionalidad de la alternancia en las instituciones educativas.

Robos agravan la situación

Según se dio a conocer por redes sociales, el colegio Mercedes Ábrego ubicado sobre la avenida Libertadores fue foco de inseguridad. Computadores, video beam y hasta ventiladores fueron hurtados y la comunidad educativa queda sin recursos importantes para seguir con sus labores pedagógicas en caso de que vuelvan a retomar las clases.

La rectora del colegio, Gloria Sepúlveda, comentó que al igual que otras instituciones de la ciudad, esta sede fue saqueada durante varios días por delincuentes que se llevaron equipos tecnológicos avaluados por alrededor de 27 millones de pesos.

Y aunque las autoridades ya están realizando las debidas investigaciones,  esperan volver a recuperar estos elementos que se hacen necesarios para una eventual reapertura de las colegios.