Encumbrarse en Cerro Mono, corregimiento Palmarito (Cúcuta), hasta los límites con la vereda El Empalme (Tibú) solía ser tarea compleja en un monte que solo los campesinos conocen.

La mañana del miércoles lo comprobó una jornada de cinco horas de camino, ida y vuelta, salvo que ahora la guía son las canaletas por las que rueda el carbón hasta las volquetas que esperan el mineral, el rastro de la agujereada montaña, y las amplias vías por las que se abrieron paso retroexcavadoras, en un área estratégica de reserva hídrica y protegida, a cargo de la Alcaldía y Corponor.

Sin embargo, para los campesinos, hablar de protección por parte de las autoridades no es más que un tema de papel, porque si hubiese control, vigilancia, seguimiento y acompañamiento a las comunidades, el desastre ambiental se habría evitado.

Vías abiertas ilegalmente y ampliadas sin condiciones técnicas, hoy hacen parte del dramático paisaje.

Ricardo Castillo, líder local, lo reitera en el recorrido que acompañaron unas 300 personas, mientras advierte que hay unos cinco kilómetros de vías abiertas y una zona ya sin nacientes de agua con las que se criaron cientos de campesinos.

Lo anterior, solo en el área que visitaron la corporación ambiental, la Procuraduría delegada para asuntos ambientales y agrarios, y la Procuraduría provincial, y en la que según César Ortega, de Corponor, se advirtió preliminarmente “una minería antitécnica” que, si bien es objeto de evaluación para dar resultados el lunes 11 de marzo, “consideramos que no cumple con los estándares ambientales ni mineros”.

Pese a que algunas de las minas tienen título minero, aparentemente no poseen licencia ambiental, situación que debe conducir a la suspensión de la actividad, pero ello será verificado para tomar decisione.

Corponor evaluará los títulos mineros y las licencias, que permiten la actividad pero no de cualquier manera.

“Nos dimos cuenta de la situación grave en una zona que se adquirió para protección”, agregó. 

Los campesinos de Palmarito afirman que en Cerro Mono, de donde se surten para llevar agua en sus hogares, hay unas 200 nacientes, pero con el daño de la minería “se secaron por lo menos 100”.

La actividad se exacerbó este año, cuenta Apolinar Suárez, edil del sector, quien enfatiza en que “el daño lo recibimos con minería legal o ilegal”, razón por la que insiste en que la comunidad no quiere minería de ningún tipo.

“Que Cerro Mono sea zona de protección absoluta”, dice Castillo, quien señala que ni siquiera la gente había sembrado algo en el cerro, pues cualquier impacto arriba se sentiría en las 24 veredas que viven del agua que hoy en día ha perdido su cauce y se infiltra por los socavones, turbia y amarillenta.

“El daño está hecho y es irreparable”, reitera Suárez, mientras algunos de los campesinos afirman que no tienen nada en contra de quienes ejercen la actividad, que no son sus enemigos, pero sí piden respeto por la reserva y que piensen cómo era la vida del campesino cuando no había minería y así se darán cuenta de que “hay que buscar otra manera de trabajar”.

Lo que no hicieron las autoridades en materia de vigilancia, lo hizo la comunidad, ante el riesgo ambiental y la desprotección del cerro.

Inexplicablemente, ni el miércoles ni este jueves hizo presencia en el lugar el director de Planeación de Cúcuta, Jorge Ómar Gandolfo, pese a la exigencia y obligación de acudir al territorio.

“Comparto la molestia de la comunidad, porque ese fue el compromiso”, dijo la procuradora provincial, Margarita Eslava, mientras la comunidad ni siquiera mostró sorpresa por la ausencia de la administración municipal.

De parte de la Procuraduría ambiental, se indicó que la tarea consistirá en la verificación de las excavaciones y explotaciones dentro del polígono del área protegida que estarían sin licencia, con miras a adelantar acciones administrativas sancionatorias, si es el caso, en tanto que si se trata de actividades ilegales se debe seguir el procedimiento fijado por el Código de minas.

Ahora, queda pendiente la recuperación de la zona, que deberá hacerse con la secretaría municipal de gestión del riesgo, el departamento, y probablemente recursos de la Nación, en tanto que se incluyen estos factores en los determinantes ambientales del Plan de Ordenamiento Territorial (Pot) de Cúcuta, que tampoco fue concertado con los campesinos que hoy más que nunca deben ser tenidos en cuenta en el proceso que determinará la supervivencia y protección del agua, y de estos olvidados cucuteños.