Nuevos ingredientes surgen tras la avalancha de la quebrada Tonchalá que arrasó unas 150 viviendas en el barrio 23 de Enero y otros asentamientos, y generó inundaciones en el conjunto residencial Los Arrayanes, en la Comuna 8 de Cúcuta. 

Lo ocurrido producto del aguacero registrado la noche del 17 de noviembre, considerado por muchos como una tragedia anunciada, está en el ojo de las autoridades locales, organismos de control y la propia comunidad afectada, que pide investigaciones y se definan las responsabilidades en estos hechos que dejaron dos personas muertas, más de 250 familias damnificadas y millonarias pérdidas materiales.    

Gregorio Angarita, director de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor), afirmó que en el caso de la construcción de Los Arrayanes, esta no fue concertada ambientalmente por esa entidad.

Explicó que la Ley 1537 de 2012 facultó al municipio de Cúcuta para hacer la incorporación directa de áreas de expansión urbana y así agilizar la construcción de proyectos de vivienda, sin considerar los aspectos ambientales, rondas hídricas y el manejo de aguas residuales. 

El desbordamiento de la quebrada impactó a Los Arrayanes, anegando los estacionamientos y primeros pisos de los bloques de apartamentos donde los habitantes perdieron todos sus enseres, además de resultar comprometidos pisos, paredes y drenajes, según lo denunciado. 

Angarita reiteró que el desarrollo de este proyecto, ubicado en el Anillo Vial Occidental,  no fue concertado con Corponor, ni se dio ningún aval frente al componente ambiental del mismo. 

La habilitación de este suelo para la construcción de las viviendas fue adelantada por la Alcaldía y el Concejo de Cúcuta, haciendo uso del artículo 47 de  la Ley 1537 de 2012, la cual facultaba a los municipios para incorporar directamente al suelo urbano, áreas establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) como rurales, suburbanas y de expansión urbana, sin que surtiera los procesos de concertación ambiental, para agilizar así la materialización de los proyectos de vivienda.

El programa de viviendas gratis del Gobierno Nacional fue recibido en la ciudad por la administración de la época para construcción de vivienda de interés social y de interés prioritario, que, con aprobación directa del Concejo, modificaron el POT  sin someter esto a aprobación de Corponor en el componente ambiental, según el director.

Teniendo en cuenta lo anterior, el municipio, mediante el Acuerdo 028 del 23 de julio de 2012, incorporó al suelo urbano varios terrenos, entre los que se encuentra el área en donde se construyó el proyecto de vivienda Los Arrayanes, el cual hacía parte del Área de Expansión Urbana Integral El Rodeo- Minuto de Dios. 

La aprobación directa de los ajustes al POT por parte del Concejo dejó un vació en materia ambiental y la Alcaldía de la época debió prever los estudios de gestión del riesgo para darle viabilidad al terreno. Esto, de la mano de la Secretaría de Planeación y de las Curadurías Urbanas.  

“En el Puesto de Mando Unificado (PMU) que se cumplió ayer, hicimos la precisión correspondiente para efectos de llamar la atención para que las curadurías urbanas y la Secretaría de Planeación, tengan en cuenta las condiciones de ronda hídrica para efecto del licenciamiento que le den a los constructores”, dijo Angarita.  

Desde el aire, así se ve Los Arrayanes tras la inundación

Aclaró que ante Corponor se adelantan trámites para efecto de permisos de ocupación de cauce y para poda y tala de árboles, pero las licencias de construcción las otorgan Planeación Municipal y la Curaduría Urbana.

“Una cosa es el ejercicio de la autoridad ambiental dentro de sus competencias y otra son las medidas de carácter policivo que tienen que ser adoptadas de manera inmediata por parte de las Secretarías de Gobierno y la Policía cuando se desarrollan proyectos de construcción de vivienda o adecuación de espacios para vivir por personas en condición vulnerable”, puntualizó. 

La Opinión buscó el pronunciamiento de Margarita Contreras, directora del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, sin embargo, la funcionaria se abstuvo de dar cualquier declaración.