Un acto simbólico para enterrar la corrupción y las promesas incumplidas de la Alcaldía de Cúcuta le costó a Javier Porras Manrique, presidente fundador de la veeduría ciudadana Cúcuta sin corrupción un panfleto en el que un grupo ilegal afirmaba que sus aliados están cansados de que se meta en cosas que no le incumben y que lo llevarían a la tumba. 

El documento decía que conocían sus rutas, las de sus hijos y que estarían pendientes de con quién se reunía y con quién no, para que no fuera sapo. 

El pasado jueves, a las 2:30 a.m. la situación empeoró y la puerta de su casa quedó con tres impactos de bala, que no atravesaron el metal, situación que hasta fue objeto de broma para el cuadrante que acudió al llamado, y le dijo: “Pero tiene buena puerta…”

Los atacantes le dijeron que ahí tenía, por sapo. En la casa, que también funciona como oficina de la veeduría, estaban él, su esposa, su hermano, y un bebé menor de un año. 

Porras desconoce los motivos del hecho violento, aunque sospecha que tengan que ver con su persecución a la corrupción que se ha traducido en derechos de petición, aún no contestados por parte de la administración municipal.

“Estamos destapando la corrupción”, dijo. “Esa es la misión de la veeduría, es nuestra función y nuestra vocación”.

Según relató, los casos que está investigando se relacionan con contratación de la Alcaldía, sobre ciertos casos que aparecen en la plataforma del Secop, tales como arrendamientos, pagos a una sola persona en varios contratos, entre otros, por los cuales pidió respuesta y conminó a los entes de control a estar más atentos a estas posibles irregularidades.

Yolanda Olarte, defensora de los vendedores informales, tampoco ha escapado a las persecuciones, y hace dos semanas, tras un plantón efectuado frente a la Alcaldía “por el atropello a los vendedores, soy víctima de una llamada en la que se dice que me van a asesinar, que van a acabar con mi familia, que ya me tienen ubicadas las rutas, que debo desistir inmediatamente, porque me van a hacer un atentado”.

Olarte afirma estar “bajo la voluntad de Dios”, porque quienes la llamaron le insistieron en que su esquema de protección sería pasado por alto, pues iban por su cabeza.

Ahora está preocupada por la falta voluntad y compromiso de la autoridad, así como del desconocimiento sobre la defensa y protección de los derechos humanos.

“Aquí, a todas las personas que salimos a defender derechos nos quieren asesinar”, dice Olarte, recordando los casos de amenazas a Yuleima García, de Sintragasolina, defensora de la protección de los vendedores informales de gasolina; José Gamboa, de Asonal Judicial, entre otros.

El análisis

La coincidencia en las amenazas, que recaen sobre quienes abarcan las situaciones más delicadas del municipio: contratación, espacio público, venta de gasolina, entre otros, lleva a los defensores a considerar que se trata de una situación sistemática por su labor.

Para Enrique Pertuz, coordinador de la Red departamental de defensores de derechos humanos, “se presenta una situación metódica y sistemática, relacionada con el tipo de defensa que se hace, por ejemplo el derecho al trabajo de los informales, con reacciones por parte de algunos sectores de la institucionalidad y otros, de grupos al margen de la ley”.

Para el primer caso, Pertuz recordó la reacción de la subsecretaria de Seguridad Ciudadana de Cúcuta, Sandra Roa, quien no solo sugirió agarrar a empujones a los vendedores sino que afirmó que un millón de habitantes podrían contrarrestar a siete mil comerciantes de la calle.

Así mismo, reiteró la vulneración de las acciones legales y la violación de las competencias de la Policía fiscal y aduanera, pues el personal contratado por la Alcaldía para efectuar la recuperación del espacio público habría decomisado algunos elementos, sin tener estas funciones.

Hechos similares habrían ocurrido con las incautaciones de gasolina, con las que se aplica únicamente el Código de policía, pero no el protocolo de decomiso de contrabando.

En el caso de las amenazas de grupos armados, Pertuz señaló como eje principal de ataque tanto la zona rural de Cúcuta, por la recuperación de predios de víctimas despojadas de sus tierras, que se suman a los ataques a líderes comunales, por sus denuncias al microtráfico, o la ocupación ilegal de terrenos y predios para fines ilícitos.

“Hay unos sectores específicos de liderazgo que reciben las amenazas para tratar de amedrentarlos”, dijo. “No son denuncias al azar, sino específicas, después de las cuales viene un plan orquestado que sale de quienes ven sus intereses en peligro, como ocurre con las investigaciones por reclamaciones de tierras”.

Pertuz lamentó que en Cúcuta, “se dispara primero y después se pregunta, y después viene el perdón”, y conminó a las autoridades a mejorar el trabajo de protección de los líderes, que desempeñan una labor necesaria para el territorio.

Concejales se pronuncian

Para el concejal Juan Capacho, la gravedad de las amenazas a líderes y veedores es que, conforme van en aumento, la autoridad podría no dar abasto para “proteger y garantizar los derechos y el oficio que ellos cumplen para la democracia”.

Por ello, dijo que “el llamado es enérgico para que los rodeen, les den garantías y ojalá el presidente (Iván) Duque replantee una política de protección más efectiva y eficaz, y que no dejen solos a los líderes que ejercen su función al denunciar irregularidades frente a los comportamientos de algunas administraciones, a al avance de la criminalidad”.

Pidió a los líderes ser valientes y no amilanarse “ante estas amenazas cobardes”, sobre las que exigió que caiga “todo el peso de la ley, sobre quienes intimidan y evitan que la democracia se fortalezca”.

Por su parte, el concejal Bachir Mirep, enfatizó en que la protección de los líderes va más allá de “un tema ideológico”, pues se trata “de garantizar la dignidad y la existencia de las personas”, razón por que conminó a seguir denunciando, en tanto que pidió a las autoridades “judicializar no solo a los autores materiales sino a los intelectuales” de estos hechos.