Voces de rechazo contra el exalcalde Donamaris Ramírez se escucharon ayer  en Cúcuta por los procesos judiciales que interpuso para solicitar la nulidad del concurso de méritos que se lleva a cabo por la alcaldía de Cúcuta y la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), para proveer una serie de cargos que se encontraban en provisionalidad en el municipio.

El consenso de los que se pronunciaron es que el concurso fue bien llevado de principio a fin, ajustado a la ley y, además, con plenas garantías de transparencia, “lo que contradice las tesis de Ramírez cuando manifiesta que se violaron normas”, dijeron Daniel Tolosa y  Johanna Rojas, dos de los aspirantes que resultaron elegidos.

No somos nosotros los que estamos concursando sino otras personas para 134 cargos aproximadamente, de las cuales hay varias que quedamos en lista de elegibles, dijeron.

Añadieron que cualquier actuación estaría vulnerando los derechos de cada uno de los concursantes de ser nombrados en un cargo, lo cual no puede ser desconocido por las actuaciones de Ramírez. Expresaron que desde el punto de vista jurídico la actuación del exalcalde es totalmente contraria a la transparencia que debe imperar en los procesos judiciales. 

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“Nosotros fuimos los mejores en el concurso, y ahora, de remate, tenemos que enfrentarnos a instancias jurídicas, todo porque terceros que no están involucrados en el proceso quieren venir a torpedear nuestros derechos”, dijo Rojas.

El exalcalde Ramírez refutó que la última acción de tutela que interpuso está soportada  en el hecho en que el concurso está avanzando a pasos acelerados, contrario a lo que sucede con los procesos judiciales.

Dijo que en su opinión el concurso no fue legal, porque el alcalde de la época, para poder hacer el concurso tenía unas facultades pro tempore, que se vencieron, y luego fueron prorrogadas por el Concejo en un acto ilegal, porque la ley no lo permitía.  Ramírez insistió en que el concurso se debe suspender para evitar demandas económicas contra el municipio.