Por: María Fernanda Fuentes Tuta | Abogada, Magistra en Derecho Constitucional y Especialista en Gestión Pública

Las estructuras criminales sacan provecho de la ubicación geográfica de Cúcuta y de su Área Metropolitana, así como de las vulnerabilidades sociales y políticas que enfrenta hoy la ciudad. Por esto, la seguridad no puede limitarse exclusivamente a luchar contra la delincuencia. 

Esta realidad territorial demanda trabajar en tres retos específicos: el primero, ejecutar de manera coordinada y complementaria con la Nación acciones para contrarrestar la criminalidad que impacta la seguridad nacional y la vida cotidiana de la ciudadanía; segundo, fortalecer la capacidad institucional y apropiarse de la política de la seguridad ciudadana, y, por último, intervenir el territorio bajo una perspectiva preventiva, participativa e integral. 

El  abordaje de la seguridad ciudadana ha variado con las circunstancias políticas y las dinámicas del conflicto, y ha dependido por momentos de una mirada centralista. Hoy, desde lo local, debe pensarse en la implementación de estrategias diferenciales, en la generación de ambientes para la convivencia y el desarrollo de los derechos, donde la prevención, el bienestar y la mitigación del riesgo tengan mayor relevancia que el enfoque reactivo y represivo. 

Cúcuta cuenta con una Secretaría de Seguridad Ciudadana desde 2004. Sin embargo, la ciudad ha carecido en estos años de una política de seguridad ciudadana y de una institucionalidad acorde con los desafíos de la región. Su proximidad con Venezuela y el Catatumbo, aunado a los altos índices de informalidad y desempleo, hacen de este municipio y su área metropolitana un enclave de interés para las estructuras criminales, que aprovechan las ventajas territoriales, tanto como las vulnerabilidades políticas y sociales.

Las dinámicas y retos  exigen una articulación de las autoridades locales y nacionales, asumiendo cado uno el rol atribuido por la Constitución y la ley. Por ejemplo, al alcalde le corresponde el liderazgo en el diseño, la implementación y evaluación de la política de seguridad ciudadana, a través de la definición de estrategias, la priorización del presupuesto y la ejecución de acciones medibles y basadas en evidencia. 

Ahora bien, la coordinación con las autoridades nacionales es necesaria para intervenir los problemas asociados al narcotráfico, el lavado de activos y el contrabando de armas, entre otros, que alimentan las dinámicas delictivas y afectan el bienestar de las personas en el municipio. Fenómenos como el narcomenudeo, la tendencia al alza de los homicidios producto del microtráfico (aproximadamente el 60% de los asesinatos están asociados a esta problemática) y el uso de las armas de fuego para la comisión de los delitos tienen relación directa con problemas del orden nacional. 

Es precisamente ese trabajo mancomunado el que debe ser liderado por la autoridad administrativa del municipio, quien es el primer respondiente y la principal conocedora de las dinámicas locales de la seguridad

Cúcuta ha carecido de ese liderazgo, no es claro si por desconocimiento o por una omisión voluntaria de las autoridades. Lo cierto es que hoy éste es uno de los grandes desafíos del alcalde. 

Esta ausencia se traduce en una coordinación insuficiente con la Nación, en la falta de estrategias y en la entrega por años a la Policía Metropolitana del rol que le corresponde a la autoridad civil en la gestión de la seguridad. Apropiarse de esa función y cambiar esta costumbre no es fácil, en especial cuando se trata de la gestión del conocimiento, la transparencia en las cifras y de un debate público y abierto frente al ciudadano. 

Este reto implica necesariamente el fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la asignación a esta de las funciones inherentes al ejercicio de la seguridad del municipio, que aún son compartidas con otras secretarías. Debido a que esto no sucederá en el corto plazo, es preciso generar los mecanismos para que la articulación interinstitucional entre las diferentes secretarías propicie la acción integral en materia de prevención del delito. 

Presencia territorial

Una institucionalidad robusta le permitiría ejercer las funciones propias de una Secretaría de Seguridad, tales como la presencia territorial permanente, integral y diferencial, el análisis y la evaluación de acciones, el seguimiento a las dinámicas de los delitos, liderar la intervención de los factores de riesgo, así como proponer acciones que no solo orienten el accionar de la Policía Metropolitana, sino que formulen la ejecución de proyectos con otros actores públicos, las demás instituciones de seguridad y la sociedad civil. 

¿Por qué es tan importante el empoderamiento de la primera autoridad del municipio en esta materia? Además de la confianza que tienen los ciudadanos en el alcalde, él es el principal conocedor de las problemáticas del territorio y de las múltiples causas que influyen en las dinámicas de los delitos. Además, es la autoridad con la capacidad para abordar dichas problemáticas de manera integral, para la intervención multidimensional capaz de prevenir la violencia, el delito y la reincidencia.

Por otra parte, permitir que la Policía llene ese vacío de la autoridad municipal limita la integralidad de las acciones en la comunidad, esa ausencia puede incluso generar una vulnerabilidad institucional, lo que se traduce en una respuesta ineficiente y contraria al interés de la comunidad. Así, la relación entre la Policía y la autoridad civil debe ser entendida como la herramienta que permite el equilibrio y el empoderamiento institucional, para la atención eficiente de las causas de los delitos, la promoción de la convivencia pacífica y la priorización de la gestión preventiva sobre la reactiva.

Logrado ese equilibro entre las autoridades, los esfuerzos pueden encaminarse al ejercicio de los Derechos Humanos, la generación de espacios de participación y la construcción de confianza. Para esto es fundamental asegurar la interlocución permanente con la comunidad, especialmente con los jóvenes y adolescentes, viéndolos no solo como demandantes de seguridad sino como gestores de convivencia y de entornos seguros. 

La importancia de su participación y la focalización de esfuerzos en esa población son aún más relevantes si se tiene en cuenta que en Cúcuta, entre 2017 y 2019, el 37% de las víctimas de homicidio fueron jóvenes y adolescentes y el 31% de las personas privadas de la libertad hoy también son jóvenes.

Solo desde esta perspectiva, la ciudad podrá superar el enfoque limitado de la seguridad atado únicamente a la lucha contra la delincuencia y empezar a ser vista como gestora de estrategias donde la prevención, la confianza y el ejercicio de los derechos predominan sobre la intervención represiva y reactiva.