Desde este martes trabajan en las calles del centro de Cúcuta más de 100 vendedores más, quienes se pelean un pedazo de andén con los informales, luego que el lunes fueran desalojados de los locales que ocupaban en el centro comercial Asococales de la avenida 6.

Las instalaciones son demolidas por la parte demandante. Sin embargo, los trabajadores no saben realmente por qué se dio la medida. 

“Nosotros compramos dos locales aquí y ahora nos quedamos en la calle, con deudas, toda la mercancía la debemos y en temporada navideña. Nosotros tenemos Registro de Cámara de Comercio, pagamos impuestos, estamos legales… Nos sacan y sin saber para dónde coger”, señaló Nelson Meza, con 12 años trabajando en ese lugar.

Lamentó que la inversión hecha en los dos puestos, que tenían él y su esposa Yolanda Giraldo bajo el nombre de Creaciones Yolinel, se perdiera. Además, no solo lidian con los vendedores ambulantes que llevan tiempo en las vías, sino también con los controles del espacio público de la Policía.

“Resulta que le vendieron esa vaina –el inmueble- a alguien y cuando nos dimos cuenta es que ya teníamos que desalojar esto”, enfatizó.

Carmen López, otra de las comerciantes formales desalojadas y quien llevaba 10 años en Asococales ofreciendo ropa infantil, miraba este miércoles con tristeza como su local, marcado con el número 1 y el nombre Luicar Sport, era demolido. Afirmó que los “sacaron como perros”. 

(Carmen López tenía su puesto de trabajo en el centro comercial Asococales desde hacía 10 años.)

“Que injusticia, al menos nos hubiesen dejado hasta el 2 de enero, para recoger dinero y pagar parte de lo que debemos”, sostuvo la mujer, quien era arrendada allí y quien había invertido varios millones de pesos en mercancía para la temporada navideña.

“Se violó el debido proceso”

(Este fue el momento en el que se hizo el desalojo de los comerciantes formales. | Foto: Cortesía.)

Según Yolanda Olarte, defensora de derechos humanos y líder del gremio de los trabajadores informales, la actuación del inspector cuarto, quien encabezó la acción del desalojo, violó el debido proceso, porque él cumplió funciones de un juez, cuando el carácter del trámite es judicial y esa facultad solo la tiene un togado.

“En la Ley 1801 de 2016, en el artículo 2016, claramente se limita la función del inspector y no le da facultad para llevar a cabo es tipo de diligencias, porque los inspectores de Policía cumplen funciones administrativas y un desalojo es función de un juez. No era competente porque él cumple funciones netamente administrativas”, manifestó. 

Sobre la razón de la medida de desalojo, sostuvo que la situación radicó por la firma de cuatro letras, que los comerciantes dicen desconocer, las cuales les generaron una deuda de más de 700 millones de pesos con el abogado que tramitaba el proceso de pertenencia y legalización de su patrimonio.

“El que negoció con ese abogado fue el presidente de una asociación que ellos crearon y fue quien firmó las letras, pero están viciadas, porque en los estatutos de esa asociación se dice que quienes deben firmar es el presidente y el tesorero; el tesorero nunca lo hizo, por eso son nulas”.

Como no el jurista no recibió sus honorarios procedió a solicitar el embargo y quedarse con la propiedad, la cual despues vendió a la actual dueña, quien es la que solicitó el desalajo.

demás recordó que estos vendedores fueron “víctimas” de la gestión del alcalde Pauselino Camargo, quien gobernó entre 1995 y 1997, pues ellos fueron desalojados de las casetas que estaban en las aceras de la avenida 5 del centro, “atropellándoles sus derechos y dejándolos desamparados”.

Añadió que con el tiempo estos comerciantes llegaron al inmueble que ocuparon hasta el lunes. Para la defensora de derechos humanos, se trató de una medida arbitraria, porque el litigio sobre la pertenencia del bien está en proceso aún. 

Yolanda Olarte resaltó que desde julio estos trabajadores temían ser desalojados, por eso habían radicado ante la Alcaldía de Cúcuta una petición para que les hicieran un estudio socioeconómico y demostrar que de esa labor obtienen su sustento diario.

Reubicación 

Yolanda Olarte informó que este miércoles se reunieron con el procurador regional Édgar Fandiño, en su despacho; con Jimmy Cárdenas, secretario de Gobierno; Mauricio Franco, secretario de Seguridada Ciudadana; y los presidentes de las asociaciones y sindicatos de trabajadores informales, para tratar la situación de los desalojados de Asococales y buscarles un espacio.

Se dejó sobre la mesa la posibilidad de reubicarlos en el centro comercial Oití.

La Opinión intentó hablar con el inspector responsable del desalojo, para tratar la situación estos comerciantes, pero no fue posible.