La Mesa Departamental de Víctimas de Norte de Santander rindió cuentas entregando un balance “satisfactorio”, según el secretario de Víctimas, Paz y Posconflicto, Luis Fernando Niño.

En todo el año, el Gobierno Departamental entregó 135 millones de pesos para que la mesa desarrollara sus actividades entre las que se encuentran visitas a los municipios, reuniones del comité ejecutivo, patrocinios a programas de adulto mayor,  mujeres y comunidad Lgbti, capacitaciones, búsqueda de proyectos productivos, entre otros.

En la mesa no solo fueron los funcionarios quienes crearon las políticas públicas, sino que, principalmente, fueron las víctimas quienes supervisaron y acompañaron el proceso, verificando en qué se gastan los recursos. 

De acuerdo con Niño, a pesar de que no ha sido fácil concientizar a los nuevos alcaldes sobre este espacio de participación en la mesa y aunque hay municipios sin recursos, las víctimas han ido conociendo el plan de desarrollo del departamento y las políticas públicas, para que así no pierdan las oportunidades que les ofrece el Estado. 

“Se han ido formando unos liderazgos interesantes, pues antes solo se comentaba la Ley 387 de 1997 que habla de desplazamiento forzado; en ese entonces todos eran desplazados, no había diferenciación”, precisó Niño. “Ahora, la Ley 1448 de 2011 es más incluyente con las víctimas”, agregó. 

En la Mesa, no obstante, existen temores por las amenazas que persisten, el número de víctimas que no para de crecer y lo poco que  se ha podido avanzar en reparación.

Por tal razón, en la jornada se le pidió a Alan Jara, director nacional de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que se acelere su proceso de reparación.

“Queremos que las víctimas gocen de los procesos de reparación, empezando por la restitución de sus tierras, pues de más de 4.600 solicitudes, sólo 500 están en juzgados judiciales y hay 12 sentencias. Faltarían 80 años para resolver jurídicamente la situación”, finalizó Niño.