Lo ocurrido en el corregimiento Palmarito el fin de semana es una fiel crónica de una guerra anunciada de la cual el Gobierno Nacional no se ha querido apersonar.

Así coincidieron en calificarlo líderes sociales, defensores de derechos humanos de la región y el mismo alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, quien lo denunció a los altos mandos militares y de Policía el pasado 19 de febrero, durante el Consejo de Seguridad Extraordinario que lideró en esta ciudad el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.

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En esa oportunidad, Yáñez hizo una serie de denuncias y peticiones al Gobierno Nacional, que quedaron consignadas en el acta que se levantó, en el sentido de que había que fortalecer las capacidades de inteligencia en la zona rural y generar infraestructura estratégica, a fin de contener la guerra fratricida que libran bandas criminales  y guerrilla por el narcotráfico y la minería ilegal.

Una de las peticiones del alcalde de Cúcuta fue la de fortalecer el pie de fuerza, teniendo en cuenta que Palmarito, por ejemplo, es la puerta de entrada al Catatumbo.

Lo anterior, sin embargo, aún no se cumple y ello generó reacciones de defensores de derechos humanos de la región, que se preguntaron después del hallazgo de ocho cadáveres en una vereda de Palmarito si “es posible que una camioneta escoltada por 8 hombres fuertemente armados en motocicletas, llegue al corregimiento de Palmarito, abandonen 8 cuerpos con impactos de bala, sin que Policía o Ejército se hayan dado cuenta?

Este lunes, el alcalde de Cúcuta volvió a insistir sobre las medidas de seguridad que se acordaron en el consejo de seguridad del 19 de febrero, así como a visibilizar esta región.

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Elisa Montoya, secretaria de Posconflicto y Cultura de Paz de Cúcuta, manifestó que efectivamente los hechos del fin de semana en Palmarito corresponden a dinámicas complejas del conflicto armado.

La guerra en Palmarito no es nueva. El 25 de agosto de 2013 se produjo una incursión armada en la cabecera urbana de Palmarito. Luego de esto fue desaparecido un líder social y ocho días después se produjo la masacre de seis habitantes del corregimiento, lo que produjo un desplazamiento masivo de 600 personas al casco urbano de Cúcuta.

Luego de este hecho quedaron compromisos que los gobiernos de turno no cumplieron a cabalidad y ello continuó agrandando la brecha social, la desigualdad y la falta de oportunidades en esta zona rural que en los últimos años libra una batalla para impedir que la minería ilegal acabe con la reserva hídrica de Cerro Mono, una zona estratégica del corregimiento.

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En abril del año pasado, Corponor emitió una medida con la que se ordenó la suspensión inmediata de las operaciones mineras,  el empleo de las vías y la destrucción de las bocaminas, esto último, según información que reposa en la Procuraduría Agraria, no se ha cumplido.