El sacrificio valió la pena. La solidaridad de un puñado de organizaciones convocadas por la Red Internacional de Transformación y Apoyo (Rita), y con  más de 250 voluntarios de Colombia y el mundo hizo realidad el sueño de 16 familias pobres del barrio María Teresa, en el extremo occidental de Cúcuta.

Las laderas del barrio María Teresa en la Comuna 10 de Cúcuta lucían ayer diferente cuando quedaron terminadas las 16 viviendas pintadas de vivos colores y que le permitirán dignificar la calidad de vida a igual número de familias víctimas de la violencia, migrantes venezolanas, retornadas colombianas y mixtas. 

Ayer se cumplió la hora cero para la terminación de las casas por  un valor unitario aproximado de $9 millones,  que constan de pilotajes en madera de eucalipto, estructura interna de pino patula o pino mexicano amarillo, recubrimiento de aglomerado estructural para exteriores que le dará más resistencia y techo en cubierta arquitectónica, con la particularidad de que cada familia beneficiaria escogió el color, por lo que serán amarillas, rojas, moradas, azules y hasta rosadas, según el gusto de las niñas y el consentimiento de sus padres.

Se trata de la materialización de un gran sueño y la iniciativa y el trabajo de muchas personas de dentro y fuera del país, que han aportado para que estas personas vulnerables cambien sus ranchos de latas, cartones, plásticos y otros materiales de descarte por una vivienda digna.

Rosmary García Buitrago, una de las beneficiadas, dijo que no cabía de la felicidad, que se sentía orgullosa, agradecida con Dios y con los voluntarios de Techo Colombia, la Red Internacional de Transformación y Apoyo (Rita), la Agencia de Cooperación Alemana GIZ, la fundación Techo Mío, los financiadores y “todos los que hicieron posible esto tan maravilloso para mí, mi esposo y mi hija de 12 años”. 

Lea además Tendrán un techo en el barrio María Teresa

Alianza 

Lina Ontibón directora social de Techo Colombia, dijo que mediante una alianza con la organización Rita, que es un grupo de cucuteños que están fuera del país pero interesados en traer beneficios para su lugar de origen, hace año y medio iniciaron conversaciones para ayudar en el tema de la emergencia migratoria que ha afectado a Cúcuta y Norte de Santander en general, por la llegada de familias venezolanas, familias retornadas colombianas, familias mixtas que se están conformando, pasando de la crisis de los caminantes a las comunidades que están sirviendo de acogida para esas familias. 

Se dio inicio entonces a la búsqueda de recursos e identificación de las comunidades, llegando a María Teresa, que es un asentamiento que se legalizó el 19 de diciembre de 2017, en unos terrenos escarpados entre el Anillo Vial Occidental y el barrio Belén, que la comunidad ha venido comprando a propietarios particulares. 

Es un barrio más de Cúcuta, pero que aún mantiene muchas características de asentamiento humano por no tener acceso a servicios públicos, falta de pavimentación de vías y la mayor parte de las viviendas están construidas en materiales de reciclaje. 

“Se seleccionó a María Teresa como la comunidad en la que se quería trabajar, además porque aquí no hay presencia  de otras organizaciones y lo que se quiere es lograr que tanto entidades municipales, fundaciones, universidades públicas y privadas vuelquen los ojos en esta comunidad y vengan a trabajar por el desarrollo comunitario”, según Lina Ontibón.

Explicó que en un primer esfuerzo se construyeron 16 módulos habitacionales de emergencia, de 18 metros cuadrados, completamente en madera.

Comunidad de integración

Diana Ramírez, funcionaria de  la Agencia de Cooperación Alemana GIZ, dijo que el 33% de la población de María Teresa es víctima del conflicto armado, una comunidad de 930 personas, entre ellas población indígena y afrocolombiana, migrantes y colombianos retornados, que la convierten en una comunidad de integración que lucha por su desarrollo en aspectos como la legalización de las tierras, el proceso de gestión predial y el acceso a servicios públicos.

María Teresa cuenta con un 70% de alumbrado público, suministro de agua por pila pública mediante la Fundación VC y gas domiciliario, pero sus principales problemas son la falta de pavimentación de las vías de acceso, el acueducto y alcantarillado, entre otra oferta institucional que la comunidad está reclamando.