Por segunda vez en la historia de Palmarito sus habitantes dicen temer que los intereses económicos de grandes compañías mineras queden por encima de su derecho al agua.

“No más con las minas de carbón se secó buena parte del agua, imagine lo que va a pasar ahora”, dice Virgilio Arenales, dueño del predio ubicado al lado del punto exploratorio que construiría la empresa Turkish Petroleum International Company (Tpic) para extraer hidrocarburos.

La Turkish, que obtuvo su licencia ambiental en 2014, ha dicho en varias ocasiones que su proyecto no afectará los recursos naturales, y aseveró que los problemas ambientales del área son la tala ilegal de árboles y la ganadería extensiva, pero no la actividad petrolera, que aún no se inicia.

Según la empresa, solo la comunidad de Monteverde hace parte del área de interés, así que ni el corregimiento Palmarito, ni el caño Barrancas del que se toma el agua, ni su cuenca serían afectados directa o indirectamente.

Sin embargo, la comunidad de Palmarito y Banco de Arena desconfía de estas afirmaciones, por diversas situaciones.

Una de ellas es la ubicación de uno de los puntos de intervención, junto al predio de Arenales y frente al cerro del que nace el caño Barrancas, afluente que llega al río Zulia en un trayecto de cuatro kilómetros.

La marca dejada por la Turkish le recuerda al campesino que el agua debe ser preservada “prometan lo que prometan”.

Arenales lleva 14 años viviendo en el sector y durante ese tiempo ha utilizado el agua del caño.

“La empresa dice que eso es un escurridero de agua, pero nunca se ha secado y me sirve para consumo humano y para el ganado”, cuenta.

Con una pequeña motobomba extrae 3 mil litros de agua al día en solo 15 minutos, incluso con la intensa sequía del año anterior.

“El agua mermó, pero no se acabó”, tal como ocurre con la laguna cercana, un pozo de más de cien metros de longitud en el que pescan las familias.

La laguna queda sobre la vía que va a “la finca La Turkish”, nombre que le dieron los campesinos al terreno.

“Nos dijeron en las socializaciones que la laguna tienen que adecuarla, o drenarla, para hacer otra vía, porque las gandolas no alcanzan a pasar en una curva”.

Con nueva vía, un puente, o cualquier intervención, el estanque corre riesgos de contaminación, y si esto ocurre se avecinan desplazamientos.

Jesús Sánchez es uno de los siete campesinos que vive desde hace año y medio en una parcela cercana de 63 hectáreas, entregada por el Incoder al grupo de labriegos.

El terreno fue dado como compensación al desplazamiento del que fueron víctimas hace años, cuando la violencia era más intensa.

“El decir de todos es que no haya exploración, porque sin agua tendríamos que irnos”, afirma.

Embrollo jurídico

El 23 de noviembre del año anterior, varios habitantes de Palmarito protestaron por el inicio de las obras por parte de la Turkish.

Con una marcha pacífica, e impidiendo que la maquinaria entrara a la zona, detuvieron la actividad.

Pero según la empresa, “las vías de hecho no pueden ser aceptadas y acciones de este tipo conllevan responsabilidades legales para quienes las cometen”, y la multinacional hizo efectiva una querella.

Con un amparo policivo individualizó a Ricardo Castillo, presidente de Asojuntas, y a Apolinar Suárez, edil de la comuna 12.

La noticia los tomó por sorpresa la semana anterior, tres días antes de ser convocados a una reunión en la alcaldía de Cúcuta, el viernes 6 de enero.

El hecho también fue inesperado para el alcalde encargado, Mauricio Franco.

Para Castillo y Suárez inquieta el hecho de haber sido señalados de forma particular, cuando en la marcha hubo más de 30 personas y, “hay tres mil campesinos unidos, no en contra del desarrollo, sino exigiendo que se garantice el agua”.

Suárez afirma que nunca estuvo presente en la manifestación y expresó que “ahora no nos amenazan los grupos armados, sino las empresas”.

“Si nos quieren llevar presos, que lo hagan, pero la gente va a seguir defendiendo el agua”, puntualizó.

Por su parte, Castillo cuestiona el desconocimiento de la Alcaldía sobre el señalamiento de dos líderes comunales, y plantea que la empresa debe “censar a los dueños de los predios, porque el daño para cada propietario es diferente”.

Para el líder, la empresa no puede basarse en lo que digan algunos habitantes, sino que debe incluir a toda la comunidad, especialmente porque es probable que se dieran reuniones con habitantes de asentamientos, o trabajadores, pero los dueños de las fincas no fueron informados de lo que ocurriría con el proyecto.

“Legalmente deben hablar con los dueños de cada finca”, reiteró.

Entre tanto, Franco confirmó que “hay poca información y socialización, porque solo se informó en Monteverde, donde será la exploración, pero no se hizo lo mismo en el área de influencia”.

Durante el encuentro, al que asistieron más de 20 habitantes y líderes, se insistió en la necesidad de llegar a acuerdos.

De hecho, el 24 de enero habrá otro acto de conciliación “por la denuncia penal, pero esperamos que se solucionen los inconvenientes”, declaró Franco. 

Así mismo, los delegados de Corponor se comprometieron a contratar un geólogo que concluirá si hay afectación, o no, de las fuentes hídricas.

La comunidad no descarta que el estudio geológico pudiese ser efectuado por alguna universidad experta, con el fin de dar mayor imparcialidad.

Aunque no se duda de la idoneidad de Corponor, trascendió en la reunión que, al parecer, en 2013 la entidad no habría dado respuesta a algunos requerimientos solicitados por las entidades encargadas de otorgar la licencia a la Turkish.

De acuerdo con los asistentes, la falta de respuesta se habría tomado como silencio administrativo, razón por la cual el proceso siguió su curso y la empresa obtuvo la licencia.

¿Y la vereda Monteverde?

Óscar Durán, presidente de la junta de la vereda Monteverde, aseguró que la comunidad acordó mantenerse al margen de las discusiones entre las comunidades vecinas y la empresa.

“Cada quien es libre de defender su predio”, dijo. “No queremos conflictos con nadie, y vamos a esperar que ellos resuelvan su conflicto”.

Pero contrario a lo que afirma la empresa sobre “la autorización de la comunidad para la ejecución de las actividades”, Durán confirmó que en ningún momento se le dio el ‘sí’.

“Hay unas actas de compromiso pero en las que la comunidad exige que se cumpla con la garantía del agua, y con inversión social y ambiental, pero como eso quedó parado por el problema que hay, no hubo ningún aval”, comentó. “Nosotros no hemos firmado nada, y por ahora no se nos ha dado la garantía de que el agua no será afectada”.