La Contraloría Municipal adelanta catorce procesos de responsabilidad fiscal por una cuantía de 17.104 millones de pesos. En tcasi todos, el principal afectado es el municipio.

Dentro de estos procesos se destacan los que se abrieron  por la construcción de la vía Cormoranes-Anillo Víal, por una cuantía de 2.500 millones de pesos. Otro, por presuntas irregularidades en el contrato 030, de operación del acueducto con Aguas Kpital Cúcuta, por cuantía de 6.676 millones de pesos, y el de la construcción de la nueva terminal de transporte de Cúcuta, por 5.800 millones de pesos, en cuya sociedad el municipio invirtió más de 2.800 millones de pesos.

En relación con el primer proceso el auto de apertura de la indagación preliminar fue notificado a las partes el pasado 25 de septiembre, y en el mismo, según conoció La Opinión, hay una serie de nombres vinculados entre los que se destacan el del exalcalde Donamaris Ramírez Lobo y el del exsecretario General del municipio, Jimmy Galán.

Aunque un sector de la comunidad de Cormoranes asegura que la mencionada vía no era necesaria, fue el mismo Ministerio de Vivienda el que recomendó construirla para conectar la nueva urbanización con el citado eje vial.

El proceso se encuentra en su etapa probatoria.

En el proceso que se sigue al contrato 030 de 2006 de operación del acueducto, lo actuado hasta ahora señala presunta irregularidades relacionadas en las que se indica que en el acuerdo directo del 24 de mayo de 2017 se liquidó un valor de participación que no corresponde al real.

Figuran vinculados al proceso Gustavo Cárdenas Yánez, Hugo Vergel y la compañía de seguros La Previsora.

Un tercer proceso corresponde al de la nueva terminal de transporte en el que el principal vinculado es el representante legal de la sociedad que se constituyó para ese proyecto, Jaime Vargas Galindo. Se cuestiona que en esta sociedad el municipio hizo la mayor inversión (2.800 millones de pesos), pero el proyecto se encuentra paralizado desde hace doce años. Es más, por el no pago de impuestos, la Dian le adelanta un proceso para rematar el predio donde se empezó a construir la terminal. Está en la etapa probatoria.

Por las presuntas irregularidades cometidas en la modificación de los avalúos de 289 predios de barrios de estrato alto, la Constraloría también adelanta un proceso de responsabilidad fiscal.

De este caso, la Fiscalía y el Instituto Geogr áfico Agustín Codazzi (Igac), también adelantan investigaciones para determinar si hubo malos manejos en los actos en los que avalúos de predios de 1.200 millones de pesos  bajaron a 600 millones de pesos.

Otro proceso se sigue a Aguas Kpital y al consorcio Hidrogestión, por las presuntas irregularidades relacionadas con el contrato 030, en las que se evidenció un incumplimiento en la imposición de multas al operador que impidieron que la Eis Cúcuta obtuviera recursos para su funcionamiento. 

Otro de los casos que llama la atención tiene que ver con el proceso por el Club del Adulto Mayor, por una cuantía de 296 millones de pesos.

Trece de los procesos están en etapa probatoria y se espera que a más tardar en marzo la Contraloría Municipal decida las responsabilidades.

Otras investigaciones

La contralora municipal, Blanca Cruz González, señaló que frente a las denuncias hechas por los veedores ciudadanos Roberto Cárdenas, Francisco Palacios, José Cárdenas, en torno a los contratos 030 de operación del acueducto, las concesiones de alumbrado público y tránsito, al igual que sobre los contratos Cambari, Calidad Total y los de arrendamiento de oficinas de la Secretaría de Tránsito en bodegas en la zona de Cenabastos, están marcha procesos de auditorías con los que se busca esclarecer si en cumplimiento de los mismos se incurrió en irregularidades.

Frente al contrato Cambari, dijo que se avanza en la etapa de evaluación de la documentación allegada por la administración.

Según los veedores, en desarrollo de este contrato celebrado en 2016 con la Corporación América Bari, por un valor de $16.000 millones, “están embolatados $12.000 millones”.