La internación de vehículos venezolanos sigue firme. No hay señal de que el Gobierno nacional tenga alguna intención de revertir o modificar el decreto 2229 de diciembre de 2017, que está vigente y se debe cumplir desde el 27 de diciembre de este año, fecha establecida como plazo.

Los representantes del Ministerio de Transporte, Comercio y Cancillería de Colombia pidieron a las secretarías de Hacienda de las Unidades especiales de desarrollo fronterizo en Norte de Santander los avances y adelantos que han logrado en el proceso de internación, en reunión con ellos la semana pasada.

Esas unidades están en a los secretarios de haciendas de las unidades (Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario, San Cayetano, El Zulia y Puerto Santander). De los seis municipios involucrados solo Cúcuta ha dado los primeros pasos.

Sin embargo, son muy pocos los propietarios de autos que han iniciado el proceso. La cifra que maneja la secretaría de Hacienda del municipio indica que son apenas 648 solicitudes hechas, a través de la página web de la alcaldía. 

Las autoridades creen que los dueños de los carros y motocicletas venezolanas están confiados en la eliminación del decreto y por eso hay tan pocos trámites en marcha.

Las autoridades aseguran que la mayoría de los delitos que se cometen en motos se hacen con motos venezolanas. 

Están esperando la promesa de revisión que hizo el presidente, Iván Duque, durante su campaña electoral. Pero se trata de eso, una revisión. Nunca se habló de derogatoria.

En una de sus visitas a Cúcuta, sobre el decreto dijo Duque: “Se está generando una afectación a cerca de 60.000 familias. Creo que nosotros tenemos que hacer algo y es darle un periodo mucho más largo a la transición, para que no se afecten esas familias y podamos ir introduciendo gradualmente las medidas”.

El secretario municipal de Hacienda, Javier Chaves, explicó que de todos los dueños que empezaron el proceso solamente el 10 por ciento ha completado la documentación.

En la reunión con el ministerio, Chaves planteó las limitantes que han tenido hasta el momento. Entre ellas mencionó el problema del documento de propiedad del vehículo, porque los títulos de la mayoría de los carros venezolanos en Cúcuta están a nombre de ciudadanos de ese país, pues en la ciudad se han adquirido bajo la figura notariada de la compra-venta.

“En el encuentro, la Cancillería nos dijo que iban a revisar el tema con el ministerio de Comercio, y además, quedaron en hacer la consulta con la cancillería de nuestro país vecino”, dijo Chaves.

El otro inconveniente planteado fue el cobro o liquidación de la internación, que debe hacerse a través de la secretaría de Hacienda Departamental. “La Gobernación no ha hecho lo establecido en el decreto 2229; allí está establecido que tiene que entregar la liquidación. En esto no se ha podido seguir avanzando”, refirió.

Procuraduría 

La Procuraduría General de la Nación, por su parte, está haciendo seguimiento al cumplimiento del decreto. El procurador regional, Edgar Fandiño, sostuvo que la próxima semana sostendrá una reunión con el gobernador, William Villamizar, y entre los puntos que tratarán está la internación, sobre todo por el tema de cuándo van a empezar a agilizar la plataforma para lo concerniente a los pagos que deben hacer los dueños de los carros.

El órgano de control sostiene que el decreto debe cumplirse, porque está vigente, y que aquellos carros que no estén internados en los tiempos contemplados serían considerados contrabando.

Chaves refirió que a mediados de año hubo unos problemas con el software que maneja la Sijin para registrar los vehículos y emitir los certificados de las revisiones técnicomecánicas. Pues el programa fue diseñado únicamente para placas colombianas con seis dígitos: tres números y tres alfabéticos.

“El problema fue solucionado, porque los funcionarios fueron agiles en la adecuación del programa. En la Sijin validan que el año de fabricación del vehículo sea el indicado en los documentos, revisan seriales, y hacen cruces de datos con la Interpol, para dar fe de que ese vehículo no se encuentra solicitado por robo en otra parte del país”, detalló el secretario.

El secretario sostuvo que al consultar al ministerio sobre qué va pasar con los vehículos luego de los siete años, asegura que la respuesta fue peloteada de una entidad a otra.
“Se lanzaban la pelota, pregúntele a la Dian, o la Polfa, y así sucesivamente”, dijo.

Saltan las dudas

La circulación de vehículos venezolanos últimos modelos cada vez es más frecuente en Cúcuta. La denuncia fue hecha por el concejal, Juan Felipe Corzo, quien cuestionó que sigan pasando carros por las trochas.

En este sentido, el secretario de hacienda municipal, Javier Chaves, precisó que aquellos vehículos que se encuentren de años posteriores al cierre fronterizo deben ser decomisados por las autoridades competentes. Los concejales manifestaron recientemente que existe incertidumbre por el destino de estos autos.

Muchos señalaron que los propietarios están llenos de dudas sobre la aplicabilidad del decreto que abarca a 12 departamentos del país.

Son cerca de 55.000 vehículos en Norte de Santander los que tendrán que cumplir con este proceso.