Los vendedores informales de Cúcuta tienen una pelea casada con el municipio. Desalojos, intentos de reubicación, decomiso de mercancía, de todo ha pasado entre ambos contendores. Sin embargo, lo que está de por medio es el derecho que tienen todos los ciudadanos al espacio público, que se encuentra abusivamente invadido.

Los vendedores de la avenida quinta, que fueron desalojados la semana pasada, daban sus argumentos. Ellos enfatizaron que a pesar de haber ganado dos acciones de tutela contra la administración local, esta ha incumplido con lo ordenado por el juez: una reubicación o una alternativa económica. 

El grupo, ubicado entre calles 11 y 12, también pidió explicación a la Alcaldía de las razones del desalojo si a una cuadra de donde ellos venían trabajando el espacio público sigue ocupado por otros informales.

“Nos sacan a nosotros que estamos en la quinta, pero en la avenida sexta están trabajando normalmente el resto de los compañeros”, dijo María Avendaño, vendedora.

El presidente del Sindicato de Vendedores Informales de Norte de Santander, Jorge Enrique Morales, explicó que ellos esperaban un llamado del Municipio para encontrar una alternativa de solución al problema del espacio público, pero que a la fecha no han sido convocados.

Según Morales, las opciones que ha presentado la Alcaldía no han sido las más viables.

En Cúcuta existen casi 5.000 informales, que en su mayoría se concentran en el centro de la ciudad. No ha habido un consenso entre ellos y la Alcaldía, pues los pocos que decidieron sumarse al programa Mercado al Barrio, desistieron y volvieron a la informalidad.

El secretario de Gobierno, Jimmy Cárdenas, sostuvo que el tema de la recuperación del espacio no solamente puede ser asumido por la administración, “cuando la misma comunidad está respaldando la invasión masiva del mismo y el éxodo de vendedores informales”.

Aseguró que solicitó al alcalde, César Rojas, hacer el primer consejo de Gobierno en materia de espacio público, donde se convoquen a todas las partes involucradas. “Hay una percepción de que permisibilidad de la invasión del espacio público, todos se queden quietos. Y tenemos una herramienta que el nuevo Código de Policía, que se debe aplicar”, dijo.