El impuesto de industria y comercio que el Municipio empezará a cobrar este año a los profesionales liberales y trabajadores que ejercen por Orden de Prestación de Servicio  (OPS) tomó por sorpresa a este sector de la economía cucuteña, en el sentido de que la gran mayoría no conocía del nuevo tributo ni mucho menos que el mismo está contenido en el Estatuto Tributario o acuerdo 025 aprobado el 28 de diciembre de 2018, justo el día de los Santos Inocentes.

Lo que exacerba los ánimos es, por un lado, que la tarifa de 5,8x1.000 no solo la pagarán los que prestan servicios al Municipio, sino también los independientes y los que tienen contratos de prestación servicio con las empresas privadas de la ciudad.

Pero hay otra razón por la que también hay descontento y preocupación entre los afectados: el hecho de que la alcaldía no le haya hecho publicidad a un tributo que afectará a no menos de 100.000 personas,  ni de que estas debían estar registradas en la base de Industria y Comercio en un último plazo que vencía ayer 28 de febrero, so pena de recibir una sanción que oscila entre los 5 y 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

El jueves, en los pasillos de la alcaldía, muchos de los profesionales que fueron gravados anunciaron que procederán a demandar a los concejales que aprobaron el citado acuerdo 025, debido a que incurrieron, según ellos, en prevaricato. Los que no aprobaron la iniciativa fueron los concejales Oliverio Castellanos, Jaime Marthey, Guillermo León, George Salazar y Nelly Santafé.

Castellanos, quien solicitó al alcalde César Rojas no hacer efectivo dicho impuesto en el presente año, hasta tanto no se divulgue lo suficiente sus alcances,  dijo que meterle la mano al bolsillo a los cucuteños es, en los actuales momentos, un atentado. 

A manera de ejemplo, dijo que las contribuciones no son de 30.000 pesos, como lo hicieron ver sus colegas que aprobaron, sino que superan los 100.000 pesos, en este caso, para alguien que en el año gane 20 millones de pesos.

El municipio –dijo el concejal- debe mejor concentrarse en recuperar el manejo de sus finanzas, atacar el tema de la cartera de manera real, y analizar por qué de la falta de cultura de pago de los contribuyentes.

El profesional William Javier Pabón, les solicitó al Concejo y al secretario de Hacienda del municipio, Luis Javier Chaves, explicaciones  sobre la aprobación y cobro del tributo, así como los sustentos tecnológicos que se emplearon para divulgar a los cucuteños sobre la aprobación y cobro del citado tributo.

Otro profesional que el jueves se quejó fue el abogado Alejandro Muñoz, quien alegó que el municipio no ha podido cobrar los más de 250 mil millones de pesos que tiene de cartera morosa y ahora pretende sumar más carga a esa base tributaria para la cual no cuenta con las herramientas tecnológicas ni con el recursos humano.

Según conoció La Opinión, la alcaldía pretende por esta vía alcanzar este año un recaudo aproximado a los $4.000 millones.

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Se alargó el plazo

El secretario de Hacienda de Cúcuta, Luis Javier Chaves, envió ayer un mensaje de tranquilidad a los profesionales que se verán afectados con el cobro del impuesto de industria y comercio, al señalar que el plazo para el registro que vencía ayer fue postergado dos meses más.

En alusión al tributo, dijo que la alcaldía no hizo nada distinto a lo que demanda la ley 1819 de 2016. Aclaró que lo que terminan pagando las personas que hagan parte del régimen simplificado y que tenga ingresos durante todo el año entre 0 y 25 millones de pesos, son cerca de 65.000 pesos, que dividido entre 12 meses no supera los 5.600 pesos por mes.

Para los que tienen ingresos entre 25 y 50 millones de pesos al año, lo que deben pagar son 200.000 pesos anuales.

El funcionario explicó que hay profesionales que manejan grandes contratos y no le están tributando industria y comercio al municipio, como es el caso de los cirujanos estéticos, los abogados, entre otros, que debían declarar y no lo hacían.