Ni la secretaría de Salud de Cúcuta ni el Instituto Departamental de Salud (IDS), y mucho menos el Concejo conocían cuál era el plan de Imsalud para adjudicar un contrato que pretendía darle a un tercero la operación de un nuevo centro de ortopedia y traumatología en el policlínico de Atalaya, por 20 años.

La revelación se dio este lunes en el Concejo, donde la secretaria municipal de Salud, Judith Ortega, enfatizó que desconocía el tipo de contratación que se haría. 

“El 27 de diciembre fuimos convocados como junta directiva para explicarnos los estudios y se autorizó la contratación, pero en ningún momento la junta conoció el tipo de contratación”, dijo. “En el acta pido aclarar el porcentaje que le corresponderá al municipio y el alcalde manifestó que antes de tomar cualquier decisión se convocara a la junta, pero esto nunca se dio”.

Por su parte, Juan Bitar, director del IDS, manifestó que la entidad “como ente rector de salud, no conocía el proyecto ni de adjudicación ni de negociación”.

Si bien se dijo que el proyecto está inscrito en el documento red nacional desde 2014, no fue incluido en el plan bienal de inversiones.

“No hay un proyecto físico que se haya llevado al departamento para generar viabilidad del procedimiento, para que el IDS lo inscriba en el ministerio de Salud y dé un concepto”, agregó. “Estos pasos no se tuvieron en cuenta”.

También señaló que cualquier obra de infraestructura que ejecute una Empresa Social del Estado de carácter público, debe ser viabilizado por el departamento y el ministerio, aunque los recursos sean privados.

Adicionalmente, indicó que la pretensión de Imsalud de llegar a un tercer nivel de atención es una proyección “ilógica” y se pidió cumplir con la función de promoción y prevención, para llegar a segundo y tercer nivel.

Por su parte, Aristides Hernández, vocero de Anthoc, afirmó que llama la atención la falta de idoneidad de los proponentes, entre ellos, uno con experiencia en gestión, administración de viviendas y comunidades de propietarios.

Así mismo, cuestionó que tanto en el IDS como en la secretaría no supieran lo que hacían algunos de sus funcionarios, entre ellos, Leonardo Durán, subsecretario de Salud del municipio y Eusebio González, coordinador del Crue (Centro Regulador de Urgencias y Emergencias).

El primero, remitió un oficio el 15 de junio de 2017 a la gerente Katherine Calabró, quien se basó en este para iniciar el estudio, aunque en el documento en el que se le pregunta si Imsalud puede asumir la operatividad del sistema, “pero ella tampoco le dio respuesta al subsecretario”.

Al respecto, Ortega omitió referirse al hecho y dijo: “pregúntenle al doctor, yo desconocía el oficio”.

El segundo, estuvo el viernes explicando a la comunidad el proyecto de Imsalud, aunque según Bitar el funcionario estaba en licencia, en España, y regresaría hoy, situación que será indagada por el director para definir si se presentó como funcionario del IDS, o como particular, en cuyo caso, no tendría inconveniente.

‘El Concejo tuvo razón’

El concejal Víctor Suárez señaló que fue evidente que el proceso se hiciera “a espaldas del pueblo cucuteño” y manifestó que en este sentido el Concejo tuvo razón al dudar del proceso que se pretendía hacer “de forma improvisada, sin planeación y no sé con qué intereses”. 

Por su parte, el concejal Oliverio Castellanos señaló que al parecer “este era un negocio más de la administración” y destacó que se hubiese frenado a tiempo, y señaló que “hay que estar alerta ante lo que haga la administración” dado que “no se puede permitir que se lleven lo poco que le queda a Cúcuta.

Entre tanto, el concejal Bachir Mirep manifestó que la situación genera suspicacia, en especial por el tipo de contratación, que calificó como atípica.

El presidente de la corporación, Jaime Marthey, se mostró sorprendido por las irregularidades y anunció que le dará traslado al acta de la jornada de este lunes a los organismos de control, “como es mi deber constitucional y legal”, puntualizó.