En la Procuraduría Regional de Norte de Santander se definirá, en los próximos días, si la suspensión de la que fue objeto la secretaria de Salud de Cúcuta, María Constanza Arteaga, por parte de la Personería, es legal o no, y si podrá retomar sus funciones prontamente en la administración municipal.

Al respecto, la defensa de la funcionaria ha insistido en que la decisión que se tomó, a raíz de las presuntas irregularidades que rodearon la suscripción de un contrato de suministros, presenta varias omisiones que terminaron por afectar la continuidad en el cargo de Arteaga y así se lo harán saber al procurador regional en el escrito de alegatos que deberán presentar a más tardar mañana.

Armando Quintero Guevara, abogado de la suspendida secretaria, explicó que en este caso la Personería no garantizó el derecho a la defensa ni al debido proceso, toda vez que el auto por medio del cual se ordenó abrir la investigación disciplinaria nunca fue notificado personalmente, como lo establece la ley.

“Para que a mí me notifiquen por correo electrónico, yo tengo que autorizar expresamente esa notificación y la doctora Constanza nunca ha autorizado esa notificación personal, luego la notificación no se ha surtido”, explicó Quintero.

Agregó que, así las cosas, para que se pudiera proceder con la suspensión provisional, necesariamente tenía que existir una investigación disciplinaria, “pero si la investigación disciplinaria no se ha concretado con la notificación personal, no puede haber suspensión”.

El defensor de Arteaga argumentó, igualmente, que por cuenta de la pandemia del coronavirus los términos están suspendidos en muchos casos y en ese sentido, consideró que el personero Martín Herrera debió haber procedido igual en un momento determinado.

“Estamos recopilando la información para presentar un escrito bien sustentado frente al tema, porque aquí claramente no se ha respetado el debido proceso. El auto de la investigación no se ha notificado y por lo tanto, es inaplicable la medida de suspensión provisional”, reiteró el abogado.

Afán de abrir la investigación

Para la defensa de la secretaria de Salud del Municipio, la decisión tomada la semana pasada por la Personería de Cúcuta dejó claro que existía un afán por abrir una investigación disciplinaria contra un nuevo funcionario del gabinete del alcalde Jairo Yáñez, al punto que la decisión se conoció primero por los medios de comunicación.

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En ese sentido, el abogado Armando Quintero consideró que es evidente que no se está actuando con la misma contundencia frente a todos los procesos que tiene a su cargo la entidad delegada del Ministerio Público.

“Ojalá todos los organismos de control fueran así de eficientes frente a todo, pero es que a él (el personero) le pusieron una queja por la gerente de Imsalud, en un caso similar, y no ha abierto ni siquiera indagación preliminar. Entonces, muy ágil para unos casos, pero muy lento para otros”, reprochó.

Dijo que si se ha de investigar la conducta de un funcionario, que se haga, pues frente a esto no existe ningún cuestionamiento, siempre y cuando se cumpla con lo que establece la ley.

Y reiteró que aquí lo que se está poniendo sobre la mesa, es que en el caso de su defendida,  “no se está garantizando el derecho ni a la defensa ni al debido proceso” y así se lo advertirán a la Procuraduría Regional.

El contrato se corrigió

Con relación al contrato de suministros que suscitó la suspensión de la secretaria de Salud, María Constanza Arteaga, y cuyo monto supera los mil millones de pesos, el abogado de la funcionaria manifestó que, en su momento, este fue objeto de correcciones, con base en las imprecisiones que pudo haber tenido.

Explicó que uno de los aspectos que se cuestiona es el aparente sobrecosto y que esa sospecha se originó por un error que tenía el contrato en la definición de las unidades del gel antibacterial, pues no se trataba de litros sino de galones

“Eso se corrigió antes de iniciar cualquier proceso disciplinario. El mismo contratista le hizo caer en cuenta a la entidad y se ajustó”, dijo.

En lo que respecta al único oferente, Quintero señaló que por tratarse de una contratación en medio de la urgencia manifiesta, la ley lo permite. Sin embargo, aseguró que para este contrato sí hubo estudios previos y que el proceso cuenta con los respectivos soportes.

Entre tanto, explicó que el cobro del IVA se hizo inicialmente porque en ese momento no había sido proferido el decreto presidencial que eliminó este impuesto para algunos productos. Dijo que una vez se conoció esa determinación, se hizo la modificación mediante un otrosí.

“Esto varió el monto del contrato y la administración se está ahorrando como $200 millones. En un otrosí se estableció que el IVA no se iba a cobrar y así se facturará”.

Quintero insistió en que al haberse dado estas correcciones, el hecho por el cual se investiga desaparece, pero señaló que esto ya será lo que concluya la indagación de fondo que haga la Procuraduría Provincial, una vez llegue a sus manos el proceso.

“Ahorita lo único que está en discusión es la suspensión”, manifestó.