Aunque en 2016 fueron cerca de 15 los pacientes venezolanos los que llegaron al hospital mental Rudesindo Soto, el costo de su atención llegó a los 50 millones de pesos que, si bien parecen poco, significan mucho para la entidad que, al igual que otras, asumió a esos pacientes con cargo a sus propios recursos.

Pero no es este el único dolor de cabeza que afronta la entidad en relación con la atención de inmigrantes, pues la crisis del vecino país también tiene efectos en los hospitales mentales venezolanos, así como la desvinculación familiar con quienes son tratados de este lado de la frontera.

Según Eduardo Chaín, gerente del hospital, se estima que los pacientes seguirán llegando a esta región “porque los hospitales siquiátricos de Venezuela no tienen los medicamentos para trabajar y los están cerrando por falta de recursos”.

De ahí, dijo, que se prevé la elaboración de un plan de contingencia para la entidad lo antes posible.

De otro lado, está el conflicto por los medicamentos.

“Cuando estos pacientes están en el hospital tienen que tener medicamentos para hacer sus controles y al no tenerlos, podrían reingresar más rápido que los demás”, dijo.  “Además, la oficina de trabajo social del hospital llama al consulado de Venezuela que no da respuesta alguna, así como en Maracaibo, Barquisimeto, Caracas, que es de donde provienen los pacientes y sus familias no quieren saber de ellos”.

La preocupación del gerente radica en que los pacientes, en su mayoría farmacodependientes, depresivos y esquizofrénicos, “no tienen red de apoyo real que los haga salir de su trastorno mental ni tienen los recursos para adquirir sus medicamentos de control, y este problema se agudizará más”. 

La gerencia espera que, tras la reciente visita  del viceministerio de salud a Cúcuta, se tomen decisiones concretas para solucionar este hecho.