La hermana del rey Felipe VI, la infanta Cristina, seguirá sentándose en el banquillo de los acusados en un amplio proceso de malversación de fondos públicos, tras el rechazo del tribunal a archivar la causa por fraude fiscal.

En una decisión publicada, el tribunal de Palma de Mallorca, en las islas Baleares, rechazó los argumentos de la defensa, la fiscalía y la abogada del Estado pidiendo el sobreseimiento de Cristina de Borbón, que se enfrenta a hasta ocho años de cárcel.

La hermana del rey, de 50 años, es sospechosa de haber escondido a Hacienda los beneficios procedentes de la malversación de 6 millones de euros públicos presuntamente cometida presuntamente por su esposo, Iñaki Urdangarin, pieza central del juicio iniciado el 11 de enero con 18 acusados.  Ese día, sus abogados reclamaron la absolución de la infanta porque su causa se sostenía únicamente en la acusación popular de la organización ultraderechista Manos Limpias, insuficiente según ellos cuando el fiscal y el abogado del Estado, representante de la Hacienda pública, la dejaron al margen.

Pero el tribunal dio la razón a la acusación popular y al juez instructor que dictaminó la apertura de juicio oral contra Cristina de Borbón, argumentando que el fraude fiscal no únicamente perjudica a la administración pública, sino al conjunto de ciudadanos. No pagar los impuestos correspondientes “provoca un detrimento en el presupuesto necesario para procurar la asignación equitativa de los recursos públicos”, señala el tribunal en su sentencia.

Por lo tanto, “no existe un único, concreto y determinado perjudicado encarnado por la Hacienda pública”, añade, justificando la legitimidad de la acusación popular. En conclusión,  Cristina, de 50 años, deberá responder por dos delitos de evasión fiscal, que conllevan una pena máxima de ocho años de cárcel, por supuestamente no declarar los impuestos sobre gastos personales pagados por una firma de bienes raíces que es propiedad de ella y su marido Iñaki Urdangarín, medallista olímpico de balonmano reconvertido en empresario.

Conocida la decisión, el Palacio Real dijo en un comunicado que respeta las decisiones de la justicia, pero se negó a hacer otras declaraciones. Cristina trabaja para un banco español en Suiza, donde vive con su familia, y ha estado excluida de eventos reales desde hace años debido al caso.

Su abogado, Miquel Roca, dijo a la prensa que estaba decepcionado por el fallo, pero que Cristina recibió la noticia “con la máxima serenidad y con todo el respeto que cualquier resolución judicial siempre merece”.  Comparecerá ante el tribunal el 9 de febrero cuando comiencen los testimonios de los acusados.

*Resumen de agencias