Quienes tienen su puesto de trabajo en el centro comercial Las Mercedes le solicitaron al Municipio acciones para ese sector.
Hasta la Alcaldía pide que le den seguridad
La percepción de inseguridad en Cúcuta llegó al punto que funcionarios de siete grandes dependencias de la Alcaldía, copropietarios y arrendatarios del centro comercial Las Mercedes, pidieron al Municipio mayor seguridad en el sector donde trabajan.
Según un documento enviado a la Alcaldía, se exige el despeje de los alrededores del centro comercial porque “hay prostitución, drogadicción, invasión del especio público, hurto, venta de drogas”, situaciones que los llevaron a solicitar un CAI permentente.
“Quienes laboramos en este lugar nos sentimos inseguros, al ver todo el desorden y la ausencia de la autoridad”, expresan.
Para concejales que escucharon resultados, obras, proyectos y estadísticas de la Policía Metropolitana de Cúcuta y la secretaría de Seguridad Ciudadana, los datos no se corresponden con la realidad ni con las quejas y denuncias de la comunidad.
El concejal Oliverio Castellanos dijo que suma “siete años escuchando informes y siempre salen con las mismas estadísticas y comparaciones de un año a otro; eso no es suficiente”.
Según Castellanos, la situación no da espera en materia de resultados por parte del Gobierno Nacional que “debe hacer una intervención seria en esta zona, golpeada por bandas criminales”, y enfatizó en la necesidad de que las autoridades actúen no solo cuando los índices de homicidios o hurtos son altos, sino que su actividad debe ser permanente.
En este sentido, se recordaron los datos de la Fiscalía, expuestos en el debate, que dieron cuenta de un aumento del 12.5 por ciento de los homicidios en Cúcuta, aunque también se reveló el descenso del 3.7 por ciento en materia de hurtos, entre el 1 de enero y el 21 de marzo de 2018.
Para el concejal Víctor Suárez, es un hecho que la percepción de inseguridad no se corresponde con las estadísticas, razón por la que “desafortunadamente, una de las estrategias es aumentar el pie de fuerza”.
Dijo además que “desde que se desmoronó Venezuela, la inseguridad es la que se queda en Cúcuta y el miedo de la gente”.
Por su parte, el concejal Óscar Sanabria dijo que no se puede seguir “maquillando la realidad” pues debe darse “una respuesta contundente de las instituciones ante el clamor de la ciudadanía”.“Quisiera que las excusas y pretextos se acabaran”, dijo.
Así mismo comentó que de nada vale tener más policías si no se corrigen los errores que se vienen cometiendo y se recupera la confianza y el respeto por la autoridad.
La respuesta
Ante los cuestionamientos, el secretario de Seguridad, Mauricio Franco dijo estar trabajando para tener una infraestructura de seguridad “nunca antes vista” por la construcción de las estaciones Trigal del Norte, San Fernando del Rodeo y Centro, por 16 mil millones de pesos, con la cual se mejorará la lucha contra el crimen.
Así mismo, dijo que la comunidad puede denunciar de forma anónima en un buzón de denuncias que está disponible para dar garantías de seguridad y, si bien reconoció que hay que mejorar, advirtió que la comunidad también tiene responsabilidad en la vigilancia, el control, y la denuncia, con la cual ya se han dado resultados a propósito de delitos como el microtráfico que deja 180 incautaciones de marihuana, basuco, cocaína y heroína, en lo corrido del año.
Y los yukpa...
Ante la situación de los indios yukpa asentados bajo el puente internacional Simón Bolívar, el concejal Suárez cuestionó los derechos que se les respetan versus los de la comunidad de El Escobal, “que paga sus impuestos, es gente de bien, y debe soportar que los yukpa hagan sus necesidades en la calle, frente a las casas, o hagan el acto sexual delante de todos, porque son sus costumbres”.
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Al respecto, el secretario de Seguridad manifestó estar a la espera de que se dirima la diferencia entre la Defensoría del Pueblo y la Cancillería, sobre su estatus migratorio y manifestó que “salieron de Venezuela porque no hay comida, pero ahora la están trayendo de allá; entonces, ¿hay o no comida en Venezuela?”.
El defensor regional del pueblo, Jorge Villamizar, recordó que Colombia ha firmado tratados internacionales que obligan a dar un trato diferencial a los pueblos indígenas, y dijo que la entidad está preocupada por el trato que se da a los venezolanos.
“No es momento de maltratarlos y sacarlos”, puntualizó.
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