El Consejo municipal de gestión del riesgo determinó que la zona está en alerta naranja.
Habitantes del barrio San Rafael, a un metro del Pamplonita
Unas 25 familias del barrio San Rafael temen despertar un día con la mitad de sus casas dentro del río Pamplonita, pues hoy están a solo un metro de distancia.
Los habitantes, que construyeron sus viviendas hace más de 40 años, desconocían que debían estar a 30 metros del afluente, y en en ese lapso se perdió la cobertura vegetal, el suelo se erosionó y por eso están a centímetros de la corriente.
“Tenemos miedo de encontrar a nuestros familiares no en la cama sino en el río”, dijo Clara Villamizar, presidenta de la junta.
Por esto, el Consejo municipal de gestión del riesgo determinó que la zona está en alerta naranja y se debería reubicar, dijo Félix Muñoz, titular de la dependencia.
Pero no solo estas familias son víctimas y victimarias del río; también construcciones como el Ecoparque Pamplonita están dentro de la ronda del río, pero esta ocupación se permitió luego de construir una barrera con piedras que elevó el terreno y lo aisló, explicó César Ortega, técnico operativo de Corponor.
Por su parte, Óscar Gerardino, secretario de Gobierno de Cúcuta, aseguró que hay procesos en la inspección de policía por asentamientos ilegales y que se han retirado cambuches y construcciones artesanales dentro de la ronda de río, en San Luis.
Otros casos
Aunque la curadora urbana 1 de Cúcuta, Martha Nieto, afirma que las licencias solo se entregan a quienes construyen fuera de la ronda del río, para Gregorio Angarita es inexplicable cómo se dio licencia a la discoteca Ukelele, cerca al Centro Comercial Bolívar, que al parecer irrespeta la ronda.
Según Angarita, en 2016 se visitó el terreno y los propietarios “incluyeron el componente ambiental”, pero ahora la construcción (contenedor) sobrepasaría las medidas.
También, en la urbanización Santa Clara (Los Patios), el restaurante La Llanerada de Yesid está dentro de la ronda y en espacio público, pero como el propietario lleva más de ocho años en su labor, “se le garantiza el debido proceso”, aseguró Fabián Duarte, asesor de la secretaría de Control Urbano. “Sin embargo, no ha presentado documentos de propiedad”, y si esto persiste, el municipio deberá demoler el sitio.
Anyelli Narváez | Practicante de periodismo
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