Con la esperada visita de la canciller María Ángela Holguín, varios sectores anhelan que la condición fronteriza mejore, en vista del impacto económico y social existente. 

Uno de estos sectores es el ganadero, que sin titubeos acusa al gobierno central de evadir su responsabilidad en materia del control del contrabando, tal como refiere el gerente del Comité de Ganaderos de Norte de Santander (Coganor), Andrés Hoyos.

“No es posible que el 80 por ciento de la carne que se consume en el área metropolitana sea de procedencia ilegal y lo propio ocurre con los combustibles, entonces ¿les quedó grande el control del contrabando?”, cuestiona el funcionario, a la expectativa de que las autoridades den respuesta.

“Si no es así, ¿es que no tienen las herramientas? Entonces, demandémoslas y hagamos un frente común, pero que nos digan qué necesitan para defender los derechos de los ciudadanos, incluidos los ganaderos y empresarios”, inquirió.

Según Hoyos, otra de las inquietudes pendientes por resolver de parte del Gobierno Nacional se relaciona con la barrera sanitaria regional frente a  los riesgos que ingresan al país desde Venezuela.

En este sentido, exigió “instrumentos válidos para que podamos combatir el contrabando”, a la vez que puso en duda la idoneidad del ICA.

“La oficina regional del ICA debe ser la más importante del país y no es posible que se maneje con un criterio politiquero”, aseveró. “Los problemas sanitarios de un país no pueden tener un compromiso político porque las consecuencias son muy graves”.

Precios y compromisos

Según Coganor, preocupa que en la región se estén incumpliendo compromisos como el de la identificación de trazabilidad de  todo el inventario ganadero que, hoy en día, no supera el 15 por ciento. 

Además, “hoy el precio del kilo de carne es el mismo de hace 10 años”, según dijo Hoyos. 

“Hoy, el ganado se vende a 3.500 pesos, nos lo pagan a un mes, y no nos autorizan sino que vendamos un viaje, porque el mercado de carne del área metropolitana se sigue abasteciendo del contrabando, actividad que le ha quedado grande a las autoridades controlar”, reiteró.

Si bien reconoció que de algún modo la lucha contra “puede tener cierto grado de culpa en los ganaderos, es al ICA y a la Polfa a quienes compete poner presos a quienes contrabandean y generar las sanciones”.

Agregó que “a las autoridades les molesta” que se señalen este tipo de situaciones “y simplemente dicen que los ganaderos son contrabandistas”.

“Nosotros creemos que puede haber algunos, así como hay algunas autoridades corruptas, pero son una infinita minoría, y es nuestra responsabilidad combatir un delito que está dando al traste con una actividad que desde hace muchos años generaba muchas satisfacciones en el departamento”.

Según el gerente, si en el corto plazo no hay mayores soluciones, no descartan la posibilidad de tomar vías de hecho. 

“Por favor, que venga alguien con capacidad que nos diga qué vamos a hacer pero no es posible que el ganado hoy lo tengamos que vender a un precio que nos genera pérdidas”, manifestó. “Lo único que le estamos diciendo al Gobierno Nacional es que controle el contrabando y cumpla con su deber constitucional”.