La secretaría Jurídica fijó un plazo máximo de 8 días para poner en firme la resolución que permitirá a la secretaría de Gobierno proceder con el desmonte de las antenas de radiofrecuencia y televisión que violan el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Cúcuta. 

María Eugenia Mejía Carrascal, encargada de fallar en los procesos para el desmonte de estos aparatos, aceptó que hasta el momento no se ha adelantado nada en Jurídica; sin embargo, se comprometió a ponerle atención a este asunto, que ya va a cumplir un año. 

La abogada señaló que se fija plazo hasta el 18 de diciembre para entregar a la secretaría de Gobierno las respectivas resoluciones y así cumplirle al alcalde Donamaris Ramírez y a la ciudad. 

En la mujer recaen todos los trámites policivos que tiene que atender la alcaldía. Por esa razón, la demora.

“Si tuviera cuatro manos y dos cabezas, posiblemente podría atender todos los procesos”, explicó. “No puedo con todo”. 

Ante la ausencia del jefe jurídico, Mauricio Quintero, quien se limitó a decir, como siempre, que daría una respuesta  para después, los funcionarios de esta dependencia dijeron que tienen sobrecarga laboral. 

Según indicaron los trabajadores, actualmente hay unos 5 mil 600 procesos bajo atención, lo cual supera la capacidad que tiene el personal. 

Mejía Carrascal dijo que se dedicará, a partir de la fecha, a atender este requerimiento. 

La secretaria de Gobierno, Adelaida Ontiveros, también se comprometió a acelerar el proceso de desmonte, pero dijo que necesita que se destrabe el proceso que lleva el asesor jurídico Quintero para proceder con prontitud. 

Vale la pena recordar que el alcalde Donamaris Ramírez se comprometió con la comunidad a bajar todas las antenas que no cumplen con lo estipulado en el Plan de Ordenamiento Territorial. 

Al seguimiento de que se cumpla con lo estipulado en la ley  está comisionado el procurador delegado Freddy Villán.

Según Ontiveros, ya hay 20 resoluciones en firme para el desmonte de igual número de antenas ilegales; sin embargo, las empresas de telefonía han apelado.

En Cúcuta puede haber instaladas más de 100 antenas y la alcaldía tiene en la mira 16 zonas donde fueron instalados 23 de estas estructuras sin permisos de ley.

Las empresas de telecomunicaciones vinculadas en Asomóvil (Claro, Tigo y Movistar) han dicho que firmaron un acuerdo con el Gobierno Nacional para que se permita el despliegue de la infraestructura. El alcalde ha recibido presiones para que no las desmonte. 

*La Opinión