“Hemos fallado todos, porque se adquirieron estas áreas estratégicas, se hizo el esfuerzo por el municipio y Corponor, pero nunca se tuvo control, seguimiento y monitoreo”.

Así, el alcalde de Cúcuta, César Rojas, reconoció que en las zonas que se debieron proteger en Palmarito y Banco de Arena, área rural del municipio, faltó institucionalidad, y ahora están gravemente deterioradas por la minería y otras situaciones.

Y es que el informe de Corponor ante las comunidades y autoridades locales sobre los hallazgos en la zona fue catalogado por el director Gregorio Angarita como “absolutamente alarmante”.

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En total, se hallaron 44 bocaminas ilegales, más de 20 hectáreas de bosques taladas, cultivos de coca, 15 nacientes afectadas de manera directa, más de 10 hectáreas de vías para actividades ilegales, 5 hectáreas quemadas y más de 10 ocupaciones de cauce sin los requisitos legales.

Pero aunque las autoridades civiles admitieron parte de la responsabilidad y asumieron compromisos, para la comunidad lo más preocupante es que la “masacre ambiental” se dio “a la vista del Ejército”.

Si bien la Policía Metropolitana de Cúcuta y la Brigada 30 respondieron que su misión incluye la protección del medio ambiente, no respondieron a la ciudadanía por qué no hubo control efectivo y oportuno contra los usos ilegales del suelo.

(La denuncia ciudadana permitió que las autoridades dieran resultados y los escucharan. La próxima mesa de encuentro será el 3 de abril.)

“Cuando se observa, como en este caso, que la inmensa mayoría de las afectaciones ambientales corresponde a minería ilegal y a cultivos de coca, la alarma es mayor”, dijo Angarita. “Debemos entender por qué ha sido tan permisivo el entorno”. 

Por ello, conminó a la fuerza pública a garantizar la protección de Cerro Mono, pues para las decisiones que tome la autoridad ambiental sobre la suspensión de la actividad minera, legal e ilegal, son la Alcaldía y la fuerza pública las que deben hacer cumplir la orden.

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Las decisiones

De otro lado, Angarita recordó que en el sector hay tres títulos otorgados desde el orden nacional hace más de seis años, pero que al incumplir con los planes de manejo ambiental, lo más factible es que deban suspenderse.

Así mismo, indicó que la Corporación contempla opciones como los Distritos de manejo integrado que permiten la convivencia entre minería y agricultura, pero en este caso sería imposible.

“De forma preliminar, el informe que he recibido no me permite pensar, siquiera de manera parcial, en esta posibilidad, porque la afectación ambiental ha sido implacable”, aseveró.

Entre tanto, las comunidades solicitaron que se fomenten actividades sostenibles y la protección del agua, razón por la que enfatizaron en que no quieren palma o ganadería, e incluso recomendaron sustituir cultivos lícitos que no sirvieron ni tienen comercialización.

Ante esto, el alcalde Rojas admitió que la salida debe ser concertada tanto para reconvertir cultivos como para sustituir coca, y recordó que en el sector se trabaja en 10 hectáreas de caña, cacao, sacha inchi, entre otros.

Aunque los proyectos “van lento”, según los habitantes, Rojas se comprometió a acelerar la inversión, a la vez que se evaluará la compra de otra área estratégica y se avanza la restauración de la que estropeó la ilegalidad.