La Procuraduría General de la Nación sancionó e inhabilitó por 12 años para ejercer cargos públicos a la exalcaldesa de Cúcuta, María Eugenia Riascos, y declaró disciplinariamente responsable, a título gravísimo, a su exsecretario de Hacienda, Adalberto Antonio Palacios Contreras, a quién le impuso 10 años de inhabilidad.  

A la exfuncionaria le abrieron el proceso disciplinario en 2011 en desarrollo de una denuncia de Mauricio Salazar Peláez, quien señaló que la exmandataria no cumplió con su responsabilidad al participar de una serie de actividades precontractuales y contractuales, con desconocimiento de los principios constitucionales. 

La Delegada para la Moralidad Pública, encargada del proceso, encontró responsables a los exfuncionarios por el incumplimiento en la ejecución de contratos al no pignorar las rentas, como ya lo había acordado con una entidad bancaria, así como encontró irregularidades en la contratación para recuperar, rehabilitar y mantener la malla vial de la ciudad, aunque no tenía dinero para hacerlo. 

Aunque contra el presente fallo procede la segunda instancia, Riascos no contó con los argumentos suficientes para desvirtuar las denuncias en su contra, que rayan además con el incumplimiento de las funciones que tenía para atender los compromisos contractuales con bancos y con entidades dedicadas al diseño y construcción de vías. 

Entre las faltas, se señala que Riascos y Palacios Contreras, además de no expedir a tiempo los documentos para generar un crédito bancario, que serviría para adelantar los proyectos viales, siguieron adelante aunque tampoco contaban con diseños actualizados, sino con unos estudios viejos y faltos de profundidad, que se necesitaban para reconstruir la avenida 7 de El Salado, conocida como La Panamericana. 

La firma contratada para generar el polémico y dudoso estudio fue O&P Ingeniería y Consultoría LTDA, firma que desempolvó de las gavetas de la administración documentos con 12 años de anterioridad y prometió su actualización, pero finalmente el Ministerio Público concluyó que estos fueron solo cambios superficiales y no a detalle, como se necesitaban. 

Con todo y la falta de recursos para contratar, Riascos ordenó la apertura de las licitaciones SIMLP-2011, SIMLP-13- 2011 Y SIMLP-14- 2011, que fueron ejecutadas el 29 de diciembre de 2011, es decir, a tan solo 2 días de terminar su periodo de gobierno, motivo que le sirvió al Ministerio Público para abrir investigación.

Aunque la exalcaldesa alegó en versión libre que su profesión de abogada no le permitía conocer áreas como la ingeniería civil o la contaduría, para reconocer que se estaban haciendo las cosas mal, la Procuraduría le recordó  que preventivamente los órganos de control le hicieron varias advertencias para evitar daños fiscales y de procedimiento. 

Quien fue eximido de responsabilidad disciplinaria en este proceso fue el exsecretario de Infraestructura municipal, Leonel Valero Escalante. 

De otra parte, la exalcaldesa Riascos Rodríguez, quien se encuentra prófuga, fue condenada a 10 años de cárcel por los delitos de prevaricato por acción y peculado en beneficio de terceros, debido al pago de millonarios reajustes pensionales a 120 jubilados del municipio.

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