Se prevé que este mes se publique la licitación para el realineamiento de esta vía.
En el Concejo preguntan si la ciclorruta de la Gran Colombia vale tanto
El proyecto de realineamiento de la avenida Gran Colombia; la nula participación de los contribuyentes; la baja capacidad de acción del Fondo de valorización de Cúcuta, y sus gastos suntuarios siguen siendo motivo de duda para los concejales de Cúcuta, dadas las evidencias de incapacidad de la entidad.
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El gasto
La primera y única inversión asegurada es el realineamiento de la avenida Gran Colombia, cuya disponibilidad para 2018 es de $8.840 millones, más $6.160 de vigencias futuras.
Sin embargo, para el concejal Oliverio Castellanos, persiste la inquietud sobre si esta debió ser la prioridad, en especial por tan alto valor en un tramo de 1.6 kilómetros.
“¿Será que vale 15 mil millones de pesos? ¿Está solucionado el tema predial, o simplemente van a maquillar para justificar el gasto? Cúcuta necesita obras más relevantes de desarrollo”, dijo. “Se debe analizar si vale hacer un monumento de 15 mil millones de pesos”.
Según Juan Carlos Uribe, director del fondo, la avenida Gran Colombia es tan importante como Cuatro vientos o la terminal, pero “la gran tendencia de los países desarrollados es dar más vías para la gente, y menos para los carros”.
Al respecto agregó que no solo se construirán “5 kilómetros de una vía para bicicletas” (aunque se trata de 1.6), sino que habrá conexión con otras vías, y que a las personas con discapacidad y baja visión se facilitará la locomoción.
La participación
El concejal Jaime Marthey reiteró la solicitud efectuada nueve meses atrás, cuando se creó el fondo, en relación con la participación de los contribuyentes.
Para ello, instó al fondo a incluir en el consejo municipal de valorización a un representante de los contribuyentes, con voz y voto.
En similar sentido, el concejal Juan Capacho señaló la necesidad de que se conformen veedurías ciudadanas, así como planes específicos por parte del fondo, a los cuales hacer seguimiento, en vista de que se ve “mucha publicidad, pero no hay una ciudadanía empoderada”.
Al respecto, se llamó la atención sobre las estrategias de difusión, que incluirán: video institucional, camisetas y gorras promocionales, campaña comercial y empresarial, vallas publicitarias, stand informativos en centros comerciales, pautas en salas de cine, entre otras, cuyo valor se desconoce.
Estas iniciativas sí se ejecutarían y según Uribe las maquetas deberán estar expuestas “en sitios importantes” para “que se publiciten las obras”.
Las cifras
Según datos del fondo, sus cifras van así, con corte al 30 de junio:
243 peticiones fueron interpuestas, y 223 resueltas. Hay 113 recursos en proceso de respuesta.
De 29 solicitudes para resolución modificadora, por error o inconsistencias para liquidar la valorización, solo se expidió una, por “insolvencia del software parcial para dar trámite”.
Hay 220 solicitudes para pago anticipado en 2018, con el fin de recibir 10 por ciento de descuento; el proceso está en trámite porque el Fondo no tiene software “por falta de recursos”. Si no se adquiere el software, las solicitudes se enviarán a Hacienda municipal. Por estos problemas, se aumentaría el plazo de pago hasta junio de 2019.
De 160.228 citaciones a notificación personal, solo se acercaron 4.583 contribuyentes.
23.500 millones de pesos es la meta de recaudo para 2018; a la fecha, se recaudaron $12.688 millones.
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Piden reavalúo catastral
Entre tanto, el concejal George Alexánder Salazar manifestó su preocupación por el impacto negativo que tiene la contribución, que se estima podría ser mayor en el segundo año.
Para el concejal, en parte se deriva de la falta de un nuevo avalúo catastral “que recupere la confianza de los ciudadanos”, a la vez que lamentó que hasta el momento ningún mandatario haya tenido voluntad para ello.
Así mismo, criticó a los poseedores de tierra de la ciudad “que nunca vienen a pagar los impuestos”, y agregó que se debe hacer un debate con la secretaría de Hacienda para saber cuánto deben, dado que son recursos que requiere el municipio “para poder maniobrar”.
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