Las treinta y tres familias que aún permanecen en el albergue de Interferias dijeron que no abandonarán el sitio sin antes haber recibido lo que el Gobierno Nacional les prometió.

Voceros de estas personas aseguraron que si no han abandonado el albergue no es porque estén amañados allí, sino porque no todos los jefes de familia tienen empleo.

José Martínez, quien retornó de Bogotá adonde había ido en busca de soluciones para las familias del albergue, denunció que las ayudas que ha dado el Gobierno Nacional no han sido iguales para todos, pues algunos no están empleados y no todos recibieron subsidio de arriendo.

Dijo que esto lo denunció ante la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría Nacional, con miras a que se intervenga para que no se atropelle a quienes aún no han recibido nada.

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungr) manifestó que no dará por terminado el apoyo en Interferias hasta que el último de los deportados no haya salido de allí.

“No vamos a salir ni hoy ni mañana, porque hay mujeres cabezas de hogar sin empleo, niños que no van al colegio y familias que no se deciden a tomar el subsidio de arriendo, pues no tienen nada para empezar una nueva vida”, dijo Jazmín Pinzón.

Omaira Jácome, denunció ayer que las limitaciones en el albergue cada vez son mayores: “ahora solo quedaron tres baños y nos toca asearnos en donde entran los hombres”, dijo.

La semana anterior, todos los refugiados quedaron a la espera de que el Gobierno Nacional dé la última palabra entorno a quiénes se encargarán de brindales ayuda humanitaria.

La Opinión conoció que hasta el 31 de diciembre se necesitarían 2 mil 500 millones para atender a esta población.

*Redacción La Opinión