La falta de claridad en torno al manejo del sistema de acueducto en la vereda Las Piedras (El Zulia) y las dificultades en el acceso al agua potable llevaron a la veeduría Vergestión Norte de Santander a solicitar respuestas sobre estos aspectos, como última medida antes de presentar una acción popular.

Según Diego Rueda, vocero de la veeduría, la solicitud se remitió a la alcaldía de El Zulia, la Gobernación, la Superintendencia de servicios públicos y la Contraloría, en la cual se pide un informe de operación diaria del acueducto dado que pese a haber sido entregado en enero de 2016, 34 meses después de terminada su construcción y entrega al municipio, “el acueducto es todavía administrado por la Alcaldía y no por la empresa EmZulia S.A. E.S.P”.

De acuerdo con el veedor, aunque ocasionalmente se tiene el servicio, estaría siendo suministrado “de manera esporádica” y, de hecho, desde hace dos meses está inoperativo, razón por la que actualmente los habitantes de la zona, ubicada en un sector turístico, deben surtirse de agua cruda o carrotanques, aunque esta última opción es menos frecuente.

En este sentido, la exigencia a las entidades fue clara: que se ejerzan las funciones para implementar en forma inmediata y permanente un plan de prestación del servicio de agua potable mediante la operación permanente del acueducto, y que, en dado caso, se implemente un plan alternativo con suministro de agua potable por carrotanques en los períodos de interrupción del servicio, con el fin de que la comunidad no se vea obligada a intervenir en ello. 

Así mismo, Rueda solicitó conocer las acciones adelantadas por la Alcaldía para que el Acueducto sea legalmente operado por la Empresa, y se conmina a la Alcaldía a explicar por qué se estaría incumpliendo con la normatividad vigente relacionada con “los riesgos sanitarios que se presentan en el lugar gastronómico y turístico más importante de El Zulia, por la carencia en el suministro del preciado líquido”. 

Al respecto, recordó pronunciamientos del Consejo de Estado que señalan que es obligación de los alcaldes mejorar la infraestructura de los servicios públicos.

Si bien actualmente no se está cobrando el servicio de agua por parte de la empresa o de la administración municipal, y no se ha formalizado ningún proceso para ello, “formalmente no hay una prestación del servicio y tampoco una entidad ante la cual exigir calidad del servicio”, puntualizó el veedor.