Por negarse a asistir a un integrante herido de la banda criminal Los Rastrojos, quien minutos antes había repelido un ataque de la banda de los Úsuga en una zona rural de Cúcuta, Luisa*, de 35 años, se vio obligada a abandonar su parcela con toda su familia. 

En total abandonaron la casa ocho personas, incluida su madre. “Me fueron a buscar en dos oportunidades y en la tercera dejaron un mensaje con mi hermano: Dígale que si no acepta ir con nosotros a atender a nuestro compañero, mañana no puede estar por aquí, porque ya sabe que le va a pasar.

La sentencia causó pánico en la familia, cuyos miembros no entendían cómo de la noche a la mañana sus vidas se les había transformado en todo un infierno de miedo y terror. “Tomamos la decisión de mudarnos a un barrio del casco urbano de Cúcuta, porque era la vida o la muerte”, confiesa Luisa.

La mujer vivía en el corregimiento de Buena Esperanza desde hacía 12 años. Allá transcurrió su vida con su familia hasta el mes de mayo que recibió la amenaza que la obligó a abandonar su casa.

Otro caso similar al de Luisa lo vivió en carne propia Óscar Gerardo, de 45 años, su esposa y dos hijos, en el barrio Santo Domingo, en el sur de Cúcuta. “Aparecieron panfletos regados en la calle una mañana y se empezó a rumorar que la empresa (los Rastrojos) no querían en el barrio a varios muchachos, entre ellos mis hijos. 

No lo pensamos dos veces, nos tocó cambiarnos a otro barrio de la ciudad”, relató el progenitor.

El fenómeno del desplazamiento interno o intraurbano, como lo denominan las oenegés que trabajan en la defensa de los derechos humanos en Cúcuta, se acentúa con mayor intensidad en barrios de invasión en el occidente de la ciudadela de Juan Atalaya y en el último año en el sector rural.

Juana y Rogelio*, dos campesinos de Salazar quienes a su arribo a la ciudad en marzo pasado se ubicaron en el asentamiento Nueva Ilusión, a un costado del anillo vial occidental, hace 15 días debieron salir del rancho en el que vivían con sus cuatro hijos e ir a otro barrio de Atalaya. La razón: a alguien del barrio que nunca conocimos no le gustaba nuestra presencia, “nos decían que no éramos de confianza”, expresó la pareja. 

Cada semana que pasa se conocen más casos como estos en Cúcuta, pero lamentablemente no son denunciados por las víctimas, dado que una consigna que lleva implícita la amenaza que reciben es que no pueden ir a poner denuncio “porque más rápido nos morimos”, expresa Rogelio. 

Lo anterior lo corrobora el secretario de Gobierno de Cúcuta, Óscar Gerardino, quien aseguró no tener conocimiento de estas amenazas ni mucho menos de casos de desplazamiento de un barrio a otro dentro de la ciudad. “No nos han denunciado”, recalcó.

Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, organización defensora de los derechos humanos en el departamento, lamentó que no se tengan cifras reales del desplazamiento intraurbano en Cúcuta, porque las que se conocen son muy bajas, “pero hay que reconocerlo, la percepción es que el fenómeno sí puede ser más grave de lo que se cree”. Tampoco en la Personería municipal ni en la Defensoría del Pueblo se llevan estadísticas de casos de desplazamiento interno, no obstante, las víctimas de este delito confesaron a La Opinión que es un hecho que se está dando en los barrios de invasión de occidente, en el sur de la ciudad y en corregimientos como San Faustino, Buena Esperanza, Agua Clara y Guaramito.

El encargado de la población desplazada en el ente del Ministerio Público, Omar Contreras Salamanca, manifestó que a ese despacho llegan de manera exporádica familias a denunciar que son víctimas de desplazamiento intraurbano. No obstante, Zoraida Garrido Fuentes, abogada de familia precisó a La Opinión que es apenas lógico que las familias no denuncien y que sean pocas las que se acerquen hasta los entes de control a hacerlo, porque tienen miedo y evitan seguir siendo blanco de amenazas. El dirigente Comunal Gustavo Pimienta, sostuvo que al problema le han dado manejo de bajo perfil las víctimas que padecen el desplazamiento, debido a que su traslado se hace es a otro barrio de la ciudad, por eso se quedan calladas, por temor a que las busquen y atenten contra sus vidas.

Al ser indagado sobre si la reciente aparición de panfletos y grafitis en la invasión La Conquista, en los que se anuncia la llegada de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, tiene relación con el desplazamiento de familias hacia otros barrios, el secretario de Gobierno de Cúcuta recalcó que no. “Allá hay un problema de convivencia que ya fue intervenido por la alcaldía y la Policía, y todo volvió a la normalidad”, dijo. 

Contreras expuso que una causa de la migración de familias que se da en el casco urbano de Cúcuta obedece a enfrentamientos por tierras.  

El drama en cifras

Según la Defensoría Regional del Pueblo, se ha recepcionado en Cúcuta, de enero a junio del presente año, un total de 320 declaraciones de familias desplazadas procedentes de otros municipios, de las cuales el 40% (129 declaraciones) corresponde a hechos sucedidos en el transcurso de este año, solo por el hecho victimizante de desplazamiento forzado. 

El pico más alto del fenómeno fue en el mes de abril, por cuanto el 60% (30 declaraciones de 52 tomadas durante el mes) versan sobre este delito. En cuanto al desplazamiento intraurbano, en Cúcuta se han conocido este año 12 declaraciones en la zona rural, de los cuales 9 de ellas corresponden a sectores de Aguaclara y Buena Esperanza, Buena Vista, así como tres declaraciones en barrios como El Progreso y San Fernando del Rodeo, en el occidente. Este último barrio es conocido ampliamente por la cantidad de familias desplazadas que habitan allí y que han salido de otras ciudades. 

Para la Defensoría del Pueblo, siguen figurando como presuntas responsables de los desplazamientos las bandas criminales los Rastrojos y los Úsuga.  

(*) Nombres cambiados para garantizar la seguridad de las víctimas.