La adjudicación del Plan de Alimentación Escolar (PAE) para operar durante el calendario escolar de 2020, se tiene prevista realizar para mañana 20 de diciembre, con un único oferente.

Se trata de la Unión Temporal Alimentar Cúcuta 2020, cuyos socios mayoritarios se encuentran enredados por sanciones y cuentas por pagar con entidades del Gobierno Nacional, que dejarían en entredicho su idoneidad para operar este programa del Ministerio de Educación, con un presupuesto superior a los $20.423 millones de pesos.

De acuerdo con el acta de audiencia pública 004 de 2019, la Alcaldía de Cúcuta admitió el 16 de diciembre solo la oferta de esta concesión, que está conformada por la Fundación Presente y Futuro, Yeffer Panche Cárdenas, Multiservicios Dani Sam SAS y Catering Consultorías y Suministros SAS.

Esta última firma, con NIT. 834000554-4 registrado en la Cámara de Comercio de Arauca, integra desde mitad de año la Unión Temporal Santander Soberano, que fue contratada para repartir los alimentos en nueve de los 87 municipios de la región vecina. 

En días recientes, la concesión fue objeto de una sanción económica por parte de la Secretaría de Educación de Santander por incumplir la entrega de este componente nutricional en el vecino departamento. El ente territorial comprobó que el operador no entregó los alimentos en una sede educativa y, ahora, debe pagar una multa de $5’000.000.

“No se cumplieron con las clausulas establecidas en la etapa contractual”, indicó la secretaria de Educación de Santander, Inés Andrea Aguilar.

La penalidad se suma a un entramado de cuestionamientos, que se han formulado desde una veeduría de empresarios santandereanos, llamada Comité de Transparencia por Santander, cuyas críticas recaen en los operadores de este programa por el mal estado de los alimentos y por sus incumplimientos en la prestación de este servicio.

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Una empresa morosa

Otro de los integrantes de esta Unión Temporal Alimentar Cúcuta 2020, que aspira a quedarse con esta contratación es la Fundación Presente y Futuro.

Esta sociedad sin ánimo de lucro, al igual que Catering Consultorías y Suministros SAS se encuentra registrada en Arauca, con cuatro actividades comerciales bastante disimiles, que van desde la elaboración de comidas y platos preparados, hasta la construcción de carreteras y vías de ferrocarril.

Sin embargo, lo que llama la atención de este proponente a operar el PAE, es una obligación económica con la Agencia Nacional de Minería, que se remonta al 2014.

Bajo la Unión Temporal Cabuyare, esta fundación, representada por Elizabeth Rojas Hernández, pretendía construir una doble calzada en la capital araucana. Para ello, la entidad del Ministerio de Minas entregó una autorización para la extracción del material de construcción.

Tras una evaluación de las obligaciones contractuales, la agencia determinó que este consorcio debía pagar cerca de $11 millones por concepto de regalías.

De acuerdo con la resolución 0468 de julio de 2019, esta fundación completaba cuatro años sin saldar la deuda, y fue conminada a cancelar este monto en un término de ocho días, bajo cobro coactivo por su estado de morosidad.

“El presente acto administrativo presenta mérito ejecutivo para su cobro por Jurisdicción Coactiva”, señaló el documento.  

La Opinión intentó comunicarse en varias oportunidades con la secretaria de Educación de Cúcuta, Doris Angarita, para conocer su posición frente a estos cuestionamientos, pero no obtuvo respuesta.

Veedor critica licitación

Dentro de los documentos de este proceso de licitación, que están disponibles en el Sistema de Contratación Pública (Secop), hay una solicitud de revocatoria que se encarga de criticar las fases surtidas en el marco de esta convocatoria pública.

El documento aseguró que se vulneraron los príncipios de planeación, legalidad, libre concurrencia, libre competencia económica y transparencia.

A la luz de estos presuntas irregularidades, la petición se dirige a la secretaria de Educación, Doris Angarita, y le conmina  a que revoque la contratación y  se publiquen nuevamente los pliegos del proceso.

Este oficio, que fue remitido a la Procuraduría General de la Nación, revela una supuesta violación a líneamientos constitucionales por parte de este proceso contractual.

“El desconocimiento de estos príncipios por parte de la entidad contratante, implica que sus funciones actúen desconociendo los más mínimos procedimientos en materia de contratación”, señaló el solicitante Rubén Tamayo.

El ciudadano aprovechó para manifestar su preocupación por la presentación de un único oferente en la licitación, que se contrasta con procesos de 2017 y 2018, vigencias que admitieron la oferta económica de dos proponentes. 

Tamayo afirmó que el problema de este único oferente radica en el pliego de peticiones de la convocatoria pública, porque “impidieron la participación de una pluralidad de candidatos en igualdad de condiciones”.