Varias dudas jurídicas genera en el Concejo el proyecto de acuerdo presentado por la Alcaldía para fijar descuentos del 70 y 40 por ciento en los intereses moratorios de impuestos de vigencias anteriores, debido a que se estarían incumpliendo sentencias relacionadas con la inexequibilidad de este tipo de amnistías.

Según el concejal Víctor Suárez, la inquietud primordial de la corporación radica en que la Constitución prevé que para otorgar estas condonaciones debe estar declarada una medida de excepción, es decir, la emergencia social y económica. 

Además, en 2016, el Congreso aprobó una ley que facultó a los entes territoriales para aprobar estos beneficios, pero según explicó el concejal Jaime Marthey, ya se hizo uso de esta condición excepcional el año anterior.

“Estamos tomando una decisión que es individual para decir que sí hay una condición especial”, dijo Suárez, quien reconoció que este acuerdo constituye un riesgo para los concejales, “y por eso lo advertí, y claro que el concejal que lo apruebe va a tener que ir a la Procuraduría, pero hay que pensar también en la ciudad”.

Para Suárez, es innegable que los cucuteños necesitan el alivio tributario, y resaltó la participación y respaldo de los gremios hacia el acuerdo, pero enfatizó en que hoy en día hay “una zona gris”, de dudas, que deberán ser aclaradas para tomar la mejor decisión.

Por su parte, Marthey expresó que, a modo personal, sí observa falencias en el sustento legal, y reiteró que “por más que se quiera generar un alivio, hay que observar que la ley lo permita, y la reforma tributaria de 2016 dijo que era por una sola vez, ya se usó, y fue excepcional”.

Además, recordó que las sentencias conminan a tener “mucho cuidado con afectar y desincentivar a quienes hacen el pago oportuno de sus impuestos, porque fácil sería que esto se convierta en una costumbre para que la gente siga acumulando deudas y espere a que el municipio le lance una tabla de salvación, cuando otros sí han hecho esfuerzos”. 

También dijo que se debe tener en cuenta cómo se suplirán los recursos y establecer cuál será la nueva fuente de ingresos con la que el municipio compense el descuento, “y eso no está claro”.

El concejal Nelson Ovalles defendió la iniciativa de la administración, y explicó que la Corte ratifica la autonomía administrativa del ente territorial y enfatizó en que no se desincentiva el pronto pago porque el descuento por pronto pago que reciben los contribuyentes se da sobre el capital, contrario al caso de los morosos, quienes no son exonerados de los  intereses, sino que reciben un descuento.

Piden decisiones adicionales

Para el concejal Víctor Suárez, la rebaja en intereses moratorios no es la única alternativa para aliviar a los contribuyentes, razón por la que conminó a la administración municipal a definir otras acciones estratégicas.

Entre ellas, mencionó la generación de empleo “pero no de unos escobistas por política por tres meses para que le hagan la campaña electoral a la próxima alcaldía del candidato de esta administración”, como ocurrió en la primera oportunidad, sino que sean definitivas y estables.

Así mismo, señaló la urgencia de emitir solicitudes formales al Gobierno nacional y a los ministerios para que declaren la emergencia social y económica, y apoyó la propuesta del concejal Ovalles, en el sentido de ajustar el cobro de la valorización.

Al respecto, Ovalles insistió en que si se está reconociendo que la ciudad está en crisis, es imperativo que se analicen otras cargas impositivas, como la valorización, dado que las obras por ejecutar son menos que las proyectadas.