Rafael. Así dice que se llama, tiene aproximadamente 25 años, y es remitido a urgencias médicas del hospital universitario Erasmo Meoz desde un centro de salud de Atalaya. Llega seriamente golpeado y drogado, inconsciente. Por 15 días está sedado. Cuando despierta solo dice ser Rafael a secas. Ya los golpes de su rostro están prácticamente sanos, pero no sabe quién es, dónde vive, ni quién es su familia. Nada. Físicamente está listo para salir del Meoz, pero mentalmente no lo está.

Aquí empieza el problema, y la cruzada de él, quien ahora se convierte en un paciente en situación de abandono social, como le llaman en el hospital. En otras palabras está solo. Necesita ser remitido al hospital mental, pero sin identificación y sin familia no es admitido. El Meoz no puede lanzarlo a la calle, ahora es un potencial paciente de larga estadía.

A su lado, está Ana Eliserta. Ella llora y murmura frases sin aparente sentido: “desgraciado de Maduro… Yo soy de Táriba (Táchira)… quítenme este aparato”, dice mirándose los tres clavos metálicos que le atraviesan la pierna. Ana, no conoce su apellido, es venezolana por lo que dice, y solo sabe que su hija está en Ecuador. Tiene 15 días en el hospital, sin saber cuándo saldrá, a pesar de estar clínicamente apta para el alta.

En el mismo cubículo de atención está doña Magaly Herrera, colombiana, quien es acompañada por su hija. Su realidad es distinta. Sale al terminar su tratamiento de urgencias.  Mientras Rafael y Ana esperan. Ambos forman parte de las siete personas que en promedio mensualmente ingresan por emergencia y se convierten en pacientes abandonados. Más de 80 personas anuales.

Hombres, mayores de 65 años, en condición de+ calle, drogadictos, alcohólicos. Estas son las características de este tipo de pacientes. Generalmente, el ingreso a urgencias lo hacen por sus propios medios, son llevados por la policía o remitidos de otros centros. 

Pero, ¿qué hacer con ellos? Porque es imposible que vivan en el Meoz. Hay algunos que tienen más de dos meses de estadía en el centro de salud. 

El coordinador del servicio de información y atención al usuario (Siau), Jorge Enrique Fossi, explicó que es un proceso difícil, tanto para los pacientes como para el personal. “Para calificar a un paciente en abandono social lo hacemos cuando esa persona no tiene red de apoyo. Qué quiere decir esto, no tiene un familiar, tampoco un vecino, o inclusive una institución social que le ayude o apoye una vez salga del hospital”.

Identificarlo o reubicarlo 

La odisea apenas comienza. Tratar de identificarlo, ubicar a familiares o conocidos, o en encontrar cupo en algún centro de atención. Si no posee ninguna documentación este paciente se convierte en un Adulto sin Identificar (ASI). El equipo de intervención social del hospital comienza la logística para que algún funcionario de la Registraduría vaya a tomar huellas. Esto puede tardar varios días, pero una vez cumplido este paso, inicia el proceso de identificación a través de Bogotá, que puede durar meses, y todo ese tiempo el paciente debe permanecer en el Meoz.

Otra alternativa es sacarle la mayor cantidad de información posible. Sin embargo, Jacqueline Chacón, trabajadora social, contó que en el caso de los abuelos lo complicado es que recuerden nombres, direcciones, números telefónicos, o que tengan momentos de lucidez. “Este tipo de pacientes en ocasiones se tornan agresivos, como hay otros que no. En el caso de los drogadictos, nos ha pasado, que al ubicar a las familias no quieren recibirlos”, detalló.

Para la reubicación en algún centro de atención especializada, como el hospital mental o en un geriátrico, la cruzada es aún más dura. Encontrar cupo es un problemón. Explica el coordinador del Siau que con estos espacios existe una colaboración, pero no hay un convenio que los obligue a aceptar a todo paciente que requiera la estadía.

En el caso del hospital mental es obligatorio que el paciente tenga identificación. Cosa que puede ser obviada por un hogar geriátrico; sin embargo, en estos últimos es necesario que el abuelo pueda valerse por sus propios medios para cuidarse él mismo, pues cuentan con un reducido presupuesto y personal. 

“Cuando el paciente requiere una atención integral en el geriátrico lo reciben, pero cuando vaya con toda la atención autorizada de algún ente, y esto nos genera largas estancias en el hospital también”, explicó.

Sin embargo, la reubicación en alguno de los geriátricos depende exclusivamente si tienen disponibilidad de cupo. Y esta relación entre el Meoz y estos hogares es una colaboración, no existe un convenio, es decir, no hay obligatoriedad de recepción de pacientes. 

“La disponibilidad en los hogares geriátricos depende de que un abuelo fallezca, se escape o que la familia lo vuelva a llevar a su hogar”, contó Andrea Portilla, trabajadora social.

Este drama no es vivido solo en Cúcuta. Esta es una realidad que afecta a todos los hospitales del país, donde mensualmente reciben a este tipo de población vulnerable.

Entes de protección

Para una tercera vía de ubicación se emplea a la Defensoría del Pueblo. Se busca obligar a los familiares, una vez localizados, a que se hagan cargo de sus seres queridos; muchos son notificados y se niegan a asumir la responsabilidad.

“Muchas veces esos abandonos es por negligencia de los familiares, que no quieren saber nada de ese paciente”, dijo. 

Ese desapego de la familia, en muchos casos es por lo expuesto incluso por los mismos pacientes abandonados. “Ellos mismos nos dicen que fueron malos padres, maltratadores, alcohólicos, que fueron muy irresponsables y que por eso su familia no siente ningún compromiso con ellos”, explicó Jacqueline Chacón, trabajadora social del hospital. 

Sin embargo, una vez se logra ubicar a la familia esta tiene la obligación de hacerse cargo de su pariente. Así lo explicaba Marcela Gallo, abogada del área de intervención social del Meoz, quien detalló que el artículo 226 del Código Penal colombiano es claro en este sentido. 

Dicho artículo reza: “El que dejare de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar o de prestar la asistencia necesaria legalmente establecida para el sustento de sus descendientes, ascendientes o cónyuge, que se hallen necesitados, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses”.

Pero hay situaciones que escapan de las manos del personal del centro de salud. Se han presentado casos como pacientes reincidentes. “Hemos tenido abuelos que llegan, se logran reubicar, y a los meses los tenemos aquí nuevamente. Nos dicen que prefieren estar acá en el hospital que en el hogar geriátrico. Entonces, para nosotros es complicado, pero en el centro de salud no pueden vivir”, contó la trabajadora social.

El coordinador del servicio de información y atención al usuario (Siau) pidió apoyo “a las entidades que trabajan con este tipo de población vulnerable, haciendo énfasis en la secretaría de Desarrollo Social, la cual debe apoyar a los centros que tengan este tipo de población para su reubicación”.

“Hay pacientes comprometidos psicológicamente, que son los más difíciles; sin embargo, es un ser humano igual que cualquiera de los que está en urgencias hay que tratarlo como tal. Pero hay otros, sobre todo los abuelos, que son personas sumamente cálidas y humanas. Allí es cuando nos preguntamos por qué o cómo un familiar deja a su ser querido en el olvido”, enfatizó.

La condición de abandono encuentra en los centros de salud una carga de solidaridad por parte del personal que se contrapone al olvido de la familia. La dignidad humana queda al descubierto.