El peritaje realizado por la Procuraduría General de la Nación a los balances financieros de Carlos Eduardo Coronel Gutiérrez, contralor de Cúcuta entre los años 2012-2015, arrojó irregularidades, por lo que el ente lo sancionó con destitución e inhabilidad de 12 años por obtener un incremento patrimonial injustificado durante 2014.

El Ministerio Público estableció que, para ese año, el exfuncionario presentó una diferencia a su favor entre sus ingresos y gastos de $53.369.000, cifra que no pudo sustentar durante la investigación disciplinaria. 

De acuerdo el estudio financiero llevado a cabo por funcionarios de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, Coronel tuvo ingresos en el 2014 por $235.793.000 y gastos por $289.162.000. 

“Para establecer la diferencia entre los ingresos y egresos del exfuncionario, el Ministerio Público confrontó los recursos obtenidos, desglosados como ingresos laborales, préstamos de dinero, venta de activos, disminución de saldos en cuentas bancarias y otros recursos de efectivo, frente a sus egresos, clasificados como gastos de manutención, inversiones, compra de activos, cancelación de pasivos, aumento de saldos bancarios, gastos financieros y compras con tarjetas de crédito y débito”. 

Para el ente, la acción de Coronel “vulneró el principio de moralidad en la administración pública, que exige a los funcionarios públicos actuar con rectitud, lealtad y honestidad en sus actuaciones administrativas”. 

La Procuraduría calificó la conducta cometida el excontralor como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima. Carlos Eduardo Coronel Gutiérrez podrá apelar el fallo de primera instancia. 

Un ‘incómodo’ funcionario 

El sancionado llegó a la Contraloría de Cúcuta en 2012, tras su elección en el Concejo y mantuvo un enfrentamiento contra el entonces alcalde Donamaris Ramírez; en una oportunidad señaló que la institución que dirigía podría verse abocada a su extinción, haciendo alusión a una demanda interpuesta por la Alcaldía en contra del Concejo, donde se pedía la nulidad de dos acuerdos municipales para suprimir gastos por demandas contra terceros.  

Esa vez, señaló que de declararse la nulidad de los acuerdos, la consecuencia sería eliminar personal de los órganos de control, y en el caso particular, de la Contraloría. “Los demandados, Personería, Concejo y Contraloría, dependemos del giro que hace la alcaldía para gastos de funcionamiento”, dijo.

También denunció presuntas irregularidades en la ejecución presupuestal de la Secretaría de Tránsito.