El exsecretario de la Alcaldía de Cúcuta fue sancionado por 11 años.
Inhabilitan a Jimmy Galán por irregularidades en el PAE

El exsecretario de la alcaldía de Cúcuta, Jimmy Galán Villamizar, recibió una sanción por parte de la Procuraduría General de la Nación con destitución e inhabilidad por irregularidades contractuales en licitación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), en 2013.
Galán Villamizar, quien también fue investigado en el año 2015 por presuntas irregularidades en la contratación de la alcaldía, tendrá inhabilidad por 11 años.
Para la Procuraduría provincial de Cúcuta, el exfuncionario incurrió en falta disciplinaria al desconocer la etapa precontractual del proceso licitatorio No. SG-GC-LP-019 de 2013, que tenía por objeto el "suministro de desayunos y almuerzos Alimentación Escolar PAE, a los preescolares y escolares matriculados en las instituciones educativas en el municipio de Cúcuta".
En el fallo de primera instancia las faltas fueron calificadas como gravísimas a título de dolo.
De acuerdo con el ente de control, Galán avaló y firmó los estudios previos, el proyecto de pliegos, los pliegos definitivos y la minuta del que sería el contrato final, sin tener en cuenta criterios de priorización y focalización de acuerdo a la zona geográfica, reconocimiento de la población estudiantil matriculada y reportada en el Sistema de Matrículas Estudiantil - SIMAT, y el estudio sobre deserción estudiantil.
“Asimismo, se estableció que la ejecución del Contrato de Suministro No. 001 de 2014, derivado de la licitación mencionada, no contó con el seguimiento, monitoreo y control necesarios, generando un incumplimiento en la ejecución integral y oportuna del objeto contractual, y permitió el retraso y desviación de unidades alimenticias”, indicó el informe del Ministerio Público.
Para la Procuraduría, el exsecretario de la alcaldía de Cúcuta vulneró los principios de transparencia, economía y responsabilidad que rigen la contratación estatal, trasgredió los lineamientos técnicos que regula el PAE, y omitió el cumplimiento de sus deberes y funciones.
La decisión fue apelada por el disciplinado y será resuelta por la Procuraduría Regional de Norte de Santander.
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