El exdirector de la oficina de Planeación municipal, José Orlando Joves Paz, fue destituido e inhabilitado por 15 años por las irregularidades que la Procuraduría Provincial encontró en el contrato celebrado con  la Unión Temporal Planeando Cúcuta, elegida para realizar los estudios técnicos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Cúcuta.

En el fallo de primera instancia también fue sancionado, con destitución e inhabilidad por 10 años para ejercer cargos públicos, el asesor jurídico de la alcaldía de Cúcuta, Jare Leandro Ugarte Mora.

La sanción impuesta a Joves tiene que ver con violación al régimen de inhabilidades, por el contrato número 1318 de 2017 en el cual, según indica la Procuraduría, se vulneró el artículo 8 numeral 2° literal d, de la Ley 80 de 1993, que hace referencia a las inhabilidades e incompatibilidades para contratar. 

De acuerdo a lo conocido por La Opinión, Joves no tuvo en cuenta que una de las personas que hizo parte de la Unión Temporal Planeando Cúcuta, con la que se suscribió el contrato, estaba inhabilitada, por ser hija de una funcionaria pública.  

Se trata de Eimy Julieth Suárez González, hija de Omaira González, quien en el momento de la firma del contrato se desempeñaba como secretaria del Posconflicto del municipio. Eimy Julieth también es hija del exalcalde Ramiro Suárez Corzo, condenado por homicidio.

El Ministerio Público señaló en un comunicado que Joves, como asesor jurídico, no realizó la evaluación legal de la propuesta entregada por la Unión Temporal Planeado Cúcuta, ni el análisis requerido para establecer el grado de consanguinidad que había entre uno de los integrantes de la empresa contratista y una funcionaria de nivel directivo de la alcaldía, omitiendo la normatividad vigente y el cumplimiento de sus funciones.  

Otra de las irregularidades que encontró el Ministerio Público tiene que ver con el Concurso de Méritos Abierto número SP-CM-006-2017, que dio origen al contrato de consultoría, en el cual se adicionó dentro del equipo de trabajo, una categoría de perfil adicional, lo que permitió la vinculación de Suárez González, quien era la única integrante del equipo técnico que no contaba con título profesional, especialización, maestría y/o experiencia (ver facsimile).

En plata blanca, los funcionarios que hoy reciben la sanción de la Procuraduría terminaron habilitando en el cargo a una persona sin título profesional ni experiencia para ejercerlo.

Para el ente de control, los investigados incurrieron en desatención de sus funciones y quebrantaron los deberes consignados, vulnerando los principios de transparencia, economía y responsabilidad que rigen y garantizan la función pública.

Las faltas fueron calificadas por el ente de control como gravísimas a título de dolo. La decisión de primera instancia fue apelada y será resuelta por la Procuraduría Regional de Norte de Santander.

Doblemente cuestionado

Cuando se firmó el contrato de consultoría del Pot, en julio de 2017, la Unión Temporal Planeando Cúcuta estaba integrada por Rubén Darío Belloso Ramírez, con un porcentaje de participación de 80%, y por la empresa Asesoría e Interventoría Empresarial Especializada SAS, con un 20%, de la cual hacía parte Suárez González. 

Sin embargo, la djudicación del estudio del Pot ya había sufrido un duro revés en junio de ese mismo año, por cuenta de un primer contrato (0958) que se firmó con la Unión Temporal Nuevo Pot Cúcuta, de la que también hacía parte Eimy Suárez González, a través de la empresa Suarez y Cruz Urbanos S.A.S. 

En esa oportunidad, gracias a una queja que formuló un ciudadano en la Procuraduría Provincial, dicho contrato fue frenado y liquidado, antes de que empezara su ejecución.

En el documento que habilitó el proceso de concurso de méritos abiertos (SP-CM-006-2017) aparece en el perfil adicional del equipo de trabajo asignado Eimy Suárez González, hija de Omaira González, exsecretaria de Posconflicto.

El contrato en mención, por un valor $4.750 millones, fue liquidado de común acuerdo entre el despacho de Joves y los representantes legales de Unión Temporal.

Al exalcalde de Pamplona

La Procuraduría General de la Nación formuló también pliego de cargos al exalcalde de Pamplona, Ronald Mauricio Contreras Flórez (2016-2017), por presuntas irregularidades contractuales en la celebración de un convenio de asociación.

La Procuraduría Provincial de Cúcuta imputó tres cargos al mandatario. El primero está relacionado con la presunta inobservancia del principio de planeación en el proceso de contratación directa que dio origen al convenio 268 de 2016.  

El negocio jurídico tenía por objeto “aunar esfuerzos para promover en las víctimas del conflicto armado interno la generación de negocios productivos sostenibles”, y al parecer, no se habrían realizado los estudios de mercado ni el análisis de necesidades requerido para fijar el presupuesto del convenio.  

En el segundo cargo, el Ministerio Público señaló que Contreras presuntamente suscribió la Resolución número 0653, mediante la cual se habría justificado y ordenado la contratación directa para adelantar el convenio con la Corporación Vida y Progreso, cuando al parecer, esta no contaba con acreditación y reconocimiento de idoneidad exigido por la normatividad vigente.  

También le reprochó al exmandatario el presuntamente haber autorizado tres pagos, cada uno por más de 44 millones de pesos, sin que al parecer existiera un proceso de verificación y control sobre la ejecución del contrato.