Por desinformación y rumores malintencionados que hablaban de que la ley de víctimas se acabaría, los centros de atención a esta comunidad han estado en crisis durante los últimos días.

Así lo dio a conocer Alba García Polanco, directora de gestión insterinstitucional de la Unidad de Víctimas y encargada de la dirección territorial Norte de Santander y Arauca.

De acuerdo con la funcionaria, se desconoce el origen de esta clase de aseveraciones que derivaron en la llegada de centenares de personas que buscaban atención a toda costa.

“Alguien les dijo que si no presentaban sus papeles, no iban a ser indemnizados”, expresó. “Y hay que aclarar que la indemnización es un derecho, aunque hay hechos que no son indemnizables, como es el caso de las amenazas”.

La funcionaria insistió además en que el programa de reparaciones no ha tenido modificación alguna y que su vigencia está asegurada hasta 2021.

“Lamentablemente, detrás de estas versiones hay quienes están sacando ‘tajada’ de los recursos”, agregó.

En este sentido, también señaló que ha recibido continuas quejas por posibles casos de corrupción que ya están siendo detectados por el equipo antifraude, que trabaja con la Fiscalía y otros cuerpos de inteligencia.

Hasta el momento, se han detectado un incremento en las denuncias del 3,5 por ciento, es decir, 1,5 por ciento más de lo recibido en la última visita, efectuada hace casi un año.

“Esa es una alerta para el ministerio público, la Unidad, y autoridades en general porque eso evidencia que hay quienes aprovechan la condición de las víctimas para hacer fraude”, dijo. “Los recursos de las víctimas son sagrados y no pueden quedar en manos de tramitadores”.

Por ello, reiteró que los servicios de la Unidad son gratuitos; que las víctimas no deben pagar ni abogados, ni asesores ni funcionarios públicos que yan han sido acusados de cobrar por la atención.

Aseveró que quienes sean investigados y se compruebe de su participación en este delito, no solo serán sancionados administrativamente, sino que también quedarán en manos de la justicia.

Pese a las dificultades, García manifestó que estas dejaron algunas lecciones aprendidas.

La primera, el reto de que todas las instituciones mejoren los esquemas de atención.

Para ello, será necesario desconcentrar la atención en Cúcuta y coadyuvar a las víctimas para que acudan a otros mecanismos de atención.

También se anunció la posibilidad de abrir un nuevo punto de atención a víctimas en Tibú.

Algunas cifras

Según los datos de la dirección territorial, en Norte de Santander hay 243 mil víctimas; de estas, 192 mil 326 son sujetos de atención.

En esta zona, la Unidad tiene dos centros de atención: uno en Cúcuta, que fue inaugurado el año anterior, y otro en Ocaña también en operación.

Solo en el centro ubicado en Cúcuta, se reciben solicitudes de 400 personas al día, cifra que se incrementó en las últimas semanas, por las protestas que allí se llevaron a cabo, así como por las falsas alarmas.

La semana anterior se realizaron jornadas de atención, a las que acudieron más de 7 mil personas.

Allí se dio respuesta a actos administrativos y recursos administrativos relacionados con la superación de las condiciones de vulnerabilidad.

También se documentaron 700 casos de reparaciones.

En los últimos cinco años, la Unidad ha aportado más de 110 mil millones en indemnizaciones a víctimas de Norte de Santander.

*La Opinión