El informe Desaparición Forzada Transfronteriza en Norte de Santander: análisis de las raíces y dinámicas de un crimen escondido, presentado por la Fundación Progresar a la Jurisdicción Especial para la Paz, a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y a la Comisión de la Verdad, es un sentido homenaje para enaltecer la memoria de quienes un día se despidieron con la esperanza del regreso pero se perdieron en los intrincados caminos que unen a dos naciones hermanas. 

Un homenaje igualmente a decenas de familiares que son “rostros, almas, cuerpos que esperan y sufren esa ausencia”, según Wilfredo Cañizares, director de Progresar, quien hizo la presentación del informe poniendo de relieve la dura realidad de la Desaparición Forzada Transfronteriza (DFT), que define como la violación de derechos humanos más oprobiosa, y de las menos atendidas humanitaria y judicialmente en el país. 

En el foro participaron Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD); el comisionado Saúl Franco de la  Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), y Reinere Jaramillo, Magistrada del Tribunal para la Justicia Especial para la Paz (JEP);  Yulieth de Rivero, representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otros.

Cañizares precisó que el informe entregado es una aproximación a la descripción y el análisis de la Desaparición Forzada Transfronteriza como un comportamiento delictivo particular utilizado de manera sistemática e indiscriminada en los últimos 20 años, para desparecer físicamente a cualquier persona que habite o transite por la zona fronteriza, particularmente sobre los municipios de Cúcuta, Villa del Rosario, Puerto Santander y Tibú en Norte de Santander y los estados venezolanos de Zulia, Táchira y Apure.

El informe fue elaborado a partir del análisis de 61 casos de desaparición ocurridos en Norte de Santander entre 1990 y 2016, que permitieron establecer un contexto explicativo y uno delictivo de la DFT en la medida que tienen la potencialidad de describir, contrastar y ejemplificar características relevantes de la violación de derechos humanos.

La frontera de Norte de Santander ha sido testigo de diversos flujos migratorios y de intercambio social y cultural, donde se presentan complejos fenómenos de violencia que persisten en la actualidad, uno de ellos servir de corredor estratégico para diversos intereses económicos, políticos y militares, tanto de orden legal, como ilegal.   

Lo anterior ha estado acompañado de problemas de orden social, político, económico y cultural como altos niveles de informalidad, desempleo, pobreza, desigualdad y victimización, que hacen más complejo el escenario.

“La presencia de grupos armados ilegales en la frontera empezó con el Eln en los años 70, continuó con las Farc y el Epl en los 80 y con los grupos paramilitares desde 1982. Sin embargo, la incursión paramilitar de 1999 representó un agravamiento de las dinámicas de violencia vividas en la región”.  

El modus operandi de los paramilitares incluía la utilización de la frontera para la desaparición efectiva de personas, lo cual continuó después de su desmovilización como una práctica sistemática e indiscriminada utilizada por nuevos grupos armados ilegales y bandas delincuenciales, tales como Las Autodefensas Gaitanistas, Los Rastrojos, Los Urabeños y La Línea. 

Sin desconocer, advierte Progresar, que grupos guerrilleros adoptaron igualmente este comportamiento delictivo, y que ante la falta de una respuesta del Estado en sus distintas instancias, ya sea por acción u omisión, ha sido determinante para la consolidación de esta violación de derechos humanos como una herramienta al servicio del control territorial.

Ocurrencia de casos 

El documento revela que la totalidad de las 61 Desapariciones Forzadas Transfronterizas fueron cometidas entre 1990 y 2016, pero que a partir de 2010 se evidencia una mayor frecuencia toda vez que  el 68,8 % ocurrió a partir de ese año y 2016, mientras que el 31,1 % restante entre 1990 y 2009. Los casos se concentraron en cuatro municipios colombianos y dos venezolanos, siendo Cúcuta y Villa del Rosario los que registran el mayor número, seguido de Puerto Santander y Tibú (Norte de Santander), Ureña (Táchira) y Obispo Ramos de Lora (Mérida). 

Wilfredo Cañizares reiteró que la DFT es un crimen atroz que se ha venido cometiendo en la frontera por muchos años y que la investigación presentada surge de la preocupación que comparten con familiares y organizaciones de Derechos Humanos, por ser un delito escondido, invisibilizado, poco conocido por autoridades locales, regionales y el Gobierno Nacional.

“Una práctica aberrante que según nuestros cálculos ha afectado alrededor de 350 personas en los últimos 10 años. Una frontera en manos de la criminalidad, con 2 estructuras armadas ilegales que se han logrado georreferenciar a lo largo de los 421 kilómetros de frontera de Norte de Santander con Venezuela, y más de una treintena de organizaciones criminales que operan en el área metropolitana de Cúcuta han hecho de la desaparición forzada una práctica permanente, sistemática e indiscriminada”.

Dijo que desde su fundación ha iniciado una cruzada para hacer de la DFT un hecho visible en el país y en el ámbito internacional, sacándola del anonimato y de los  archivos oficiales, porque no es posible los niveles de impunidad en que se encuentran los casos, sin que se conozca aún ningún caso que haya sido esclarecido.

Yulieth de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo que la desaparición forzada configura una práctica criminal que ultraja  la dignidad humana, de las víctimas y sus familiares. 

Agregó que en esa práctica se han cometido los más abominables crímenes cuyos autores para impedir el hallazgo de las víctimas y evadir sus responsabilidades han usado hornos crematorios, tirando los restos humanos a los ríos, desmembrándolos o enterrándolos en fosas comunes, y que lamentablemente se sigue presentando ese fenómeno en la frontera colombo venezolana donde los caminos transfronterizos binacionales constituyen una zona de alto riesgo. 

En Norte de Santander, según Rivero, hay 4.110 personas reportadas como desaparecidas desde los años 80 hasta septiembre de 2020, y solo en 2019 y en lo corrido de 2020, se han reportado 287 personas dadas por desaparecidas. De las cuales 204 siguen en esa condición.

“Nuestra oficina está en seguimiento a esta situación que muestra los retos del Estado frente a su obligación de impedir la ocurrencia de este tipo de delitos”, según la Alta Comisionada.