En una denuncia que está en poder de la Procuraduría Regional y de la Fiscalía, veedores de la salud cuestionaron el papel que está desempeñando la oficina de inspección, vigilancia y control del Instituto Departamental de Salud, al señalar que allí se está dando tráfico de influencia en favor de las Ips vigiladas.

En la denuncia, los autores omiten sus identidades porque dicen sentir miedo a represalias que puedan surgir por decir la verdad. Sindican que al frente de esta  presunta irregularidad se encuentra la directora de dicha oficina, Gloria Montaño, para quien pidieron a los órganos de control que se investigue su proceder en cuanto tiene que ver con las funciones que tiene a su cargo en el Ids, entre otras la de certificar y avalar la apertura de nuevas Ips, planes tecnológicos de las mismas, servicios que se prestan, personal médico especializado y servicios de medicina.

Un poder que, según se menciona en la denuncia, Montaño estaría compartiendo con familiares, allegados y representantes de las Ips que debe vigilar, “alejándose de la verdadera misión para la cual fue nombrada en el cargo, como lo es la de garantizar y defender los derechos de los usuarios de la salud”.

Se dice que Montaño tiene un grupo de verificadores contratados que son amistades propias, pertenecientes a su grupo social, como son: “Sandra Juliana Bautista (sobrina del esposo de Montaño) Celina López Albarracín y Félix Gandur (novio de Bautista).

Según se menciona en el documento de la denuncia, la manipulación y abuso de poder se da cuando los amigos de Montaño son los encargados de ejercer la vigilancia en las instituciones de salud, “para que estas sean aprobadas así no cumplan con las exigencias de la norma, lo cual va en detrimento de la atención de los usuarios”.

No se genera ninguna acción contra aquellas Ips que no cumplen con los requisitos de una buena atención médica, “porque los dueños de las mismas son amigos de Montaño”, señala la denuncia.

Los veedores se preguntan con qué autoridad puede cumplir con su misión Montaño en casos como el de la contratista Karen Jácome, gerente de una Ips en Cúcuta, cuando ella vive en arriendo en una casa de su propiedad.

Relacionan una serie de hechos en los que se mencionan que los integrantes del equipo verificar de Montaño permiten el aplazamiento de las visitas a las Ips vigiladas, “se les da tiempo para que arreglen papeles o realicen las adecuaciones de las obras, a sabiendas de que no cumplen con la norma. 

En el caso de las sanciones que impone la oficina de inspección, vigilancia y control, la denuncia señala que no son equitativas. En algunas instituciones con grandes incumplimientos que ponen en riesgo la salubridad y vida del paciente, se multa por sumas muy pequeñas. Tampoco se dictan medidas preventivas “porque son los amigos de Montaño, simplemente amonestaciones o se les cobra sanciones muy mínimas, en comparación con otros que tienen las misma faltas”.

Otros de los casos hace referencia a que se certifica Ips que no reúnen los requisitos, o de los presuntos especialistas de nacionalidad venezolana que están prestando sus servicios en la ciudad con el aval de esta oficina,  sin el lleno de requisitos.

Los veedores denuncian que el grupo de verificadores que está al mando de Montaño se extralimita en sus funciones y no vela por los derechos de los usuarios. Señalan, por ejemplo, que Sandra Juliana Bautista Rivera, sobrina  del esposo de Montaño, y Karen Jácome actuarían en complicidad con ellos en la certificación de nuevas Ips.

La Opinión llamó en dos oportunidades a Jácome para indagarla sobre estos hechos, pero no contestó las llamadas.

Supersalud ya conocía

Esta situación fue denunciada hace mes y medio en la audiencia pública que celebró en Cúcuta la Superintendencia Nacional de Salud, para verificar en qué condiciones se estaba brindando la atención de salud a los cucuteños por parte de las Eps.

Algo en lo que más insistieron los veedores al superintendente, Fabio Aristizábal Ángel, fue en que se tenía que hacer valer la vigilancia a las Eps e Ips, debido a que el Instituto Departamental de Salud (Ids) no estaba cumpliendo con ese papel como lo ordena la norma.

Pidieron mano dura contra la secretaría de Salud del municipio y con el Instituto Departamental de Salud (IDS). No es posible que cuando se acude al despacho del director de esa entidad, Juan Bitar, para reclamar sobre abusos de los prestadores de salud, él diga que no es competencia suya salvaguardar los derechos de los usuarios.

Son calumnias: Montaño

La Superintendencia Nacional de Salud se comprometió con los veedores a verificar sus denuncias en relación con las fallas en Vigilancia y Control del departamento.

La directora de la oficina de inpeccción, control y vigilancia del Instituto Departamental de Salud, Gloria Montaño, se abstuvo de responder a La Opinión preguntas relacionadas con las denuncias hechas en su contra por veedores de salud de Cúcuta. 

Dijo que había formulado ante la procuraduría y la Fiscalía una denuncia contra quienes critican sus gestión, señalando que se trata de calumnias mal intencionadas.

“Hay personas muy extrañas en este mundo: calumnian, critican sin fundamento, juzgan sin pruebas”, dijo la funcionaria.

Dijo que serán los entes de control los que se encarguen de hacer justicia y de esclarecer los hechos que conllevan a esas murmuraciones cobardes que se esconden detrás de anónimos.

Agregó que todo parece ir direccionado, lamentablemente, por excontratistas a quienes no les renovaron su orden de prestación de servicios, y personas que  actualmente laboran y mantienen vínculos con los excontratistas. “Si alguno de dstedes están o fueron sobornados por mi o por los verificadores que hacen parte del equipo de trabajo de la oficina de Vigilancia y Control, los invito a denunciar”.

Al ser indagado sobre estos hechos, el director del Ids y jefe de Montaño, Juan Alberto Bitar, dijo ayer que se encontraba de vacaciones y que no tenía claridad de las denuncias en contra de su subalterna.