La Fundación Salvemos el Medio Ambiente (Funambiente) anunció el viernes una demanda contra el secretario de Planeación de Cúcuta, Jorge Omar Gandolfo, y Mauricio Franco, secretario de Seguridad Ciudadana, quien fungía como alcalde encargado en el proceso que culminó con la caducidad del contrato de concesión de la escombrera municipal.

Los representantes legales de la firma concesionaria argumentaron que la demanda persigue la nulidad del proceso que culminó con la caducidad del contrato pactado a 25 años, y del cual restaban diez para su culminación, pero además el restablecimiento del debido proceso, “violado por los dos funcionarios”.

Según Funambiente, Gandolfo y Franco pasaron por alto el debido proceso y habrían incurrido en prevaricato al asumir competencias que no les estaban facultadas.

No se explica –se lee en los considerandos de la demanda- que sin existir motivo ni incumplimiento contractual que impidieran la prestación del servicio en la escombrera, “los funcionarios procedieron a saltarse la ley por el solo afán de cancelar el contrato, al precio que fuera”.

En el caso particular de Franco, quien fungía como alcalde encargado para le época de los hechos, se le cuestiona que resolvió mediante resolución #0370, de fecha 21 de noviembre de 2019, las solicitudes de nulidad interpuesta por la Procuraduría General de la Nación, negando cada una de ellas.

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Franco habría incurrido en doble juzgamiento  al advertir que no existía prueba en el expediente contractual de que se hubiera dado una notificación personal o por aviso de la resolución que anunciaba la caducidad del contrato. “Él desconoció que con fecha 22 de julio de 2019 fue notificada la resolución por un aviso y en la misma audiencia Funambiente le hizo saber a la administración y a los entes de control para que la administración replanteara su yerro”, señala un aparte del texto de la demanda..

Agrega que este funcionario  fundamentó su negativa de acceder a la nulidad, basándose en una apreciación que no era real, sin conocerla, pues de haber reconocido esa notificación hubiera sido diferente su decisión.

Es de observar –aclara Funambiente- que el mismo día que se dio el encargo a Franco, también estaba en la ciudad el alcalde titular César Rojas.

Y quien proyecta la resolución 0370 para que firme el alcalde encargado es Gandolfo, quien negó inicialmente la solicitud de nulidad antes de que recurriera a la apelación, es decir, fue juez y parte, incluso abusando de la posible buena fe (de Franco), por el afán de sacar adelante el proceso contra Funambiente y haciendo incurrir en faltas al alcalde encargado, señala Funambiente.

Durante las 26 audiencias que se llevaron a cabo para resolver la caducidad del contrato, la Procuraduría presentó nulidades por presuntas irregularidades en el debido proceso,  pero las mismas fueron ignoradas por Gandolfo.

Este funcionario le dijo a La Opinión que la decisión de declarar la caducidad del contrato de concesión estuvo basada, según él, en el incumplimiento del contrato por parte de Funambiente.

En las reiteradas llamadas que se le hicieron a Franco para conocer su opinión no fue posible obtener una respuesta del funcionario, pese a que en su teléfono celular se le dejaron mensajes.