Lo que se veía venir con la licitación del centro de trauma y ortopedia que se pretendía construir en el Policlínico de Atalaya, ocurrió. Las directivas de la ESE Imsalud declararon desierta la convocatoria en la cual solo participaba un proponente.

Este viernes, mediante una escueta resolución, la ESE Imsalud justificó que la declaratoria de desierta obedeció a un problema de comunicación con uno de los miembros del comité evaluador de la licitación.

Según se desprende de la citada resolución, en la designación de los miembros no se surtió en debida forma el proceso de comunicación con la subgerente administrativa de la ESE Imsalud (no se da a conocer el nombre).

La causal, sin embargo, “lo que demuestra es que también entre los mismos miembros de la ESE Imsalud no había una comunicación fluida acerca de lo que se estaba haciendo y se debía hacer”, dijo el concejal Oliverio Castellanos.

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Para el concejal, era claro también que existían muchos vacíos jurídicos y técnicos que no había resuelto la Ese Imsalud, y por ello el malestar que produjo el proceso entre la comunidad y los usuarios del policlínico.

Dijo también que las directivas de la entidad de salud estaban pasando por alto el decreto 1876, artículo 19 de 1994, donde se establece que se necesita la autorización especial del Concejo para celebrar este tipo de contratos. Subrayó que “Imsalud fue creada para prestar servicios, no para privatizarlos”.

La decisión, empero, fue considerada un triunfo para los líderes de las comunas 7 y 8, por cuanto a los usuarios del Policlínico, que son los más pobres de la ciudad, no se les había dado a conocer una sola palabra de la licitación cuya adjudicación era inminente que se adjudicaría a la sociedad Futura Capitol Salud, integrada por KC Log.Colombia S.A.S., Grupo Empresarial Capitol SL, Bioreuma S.A.S. y Álvaro Omar Guerrero Díaz, por ser el único proponente.

La Opinión conoció que la Procuraduría alcanzó a cruzar una función de advertencia a las directivas de la Ese Imsalud, en la que se sugirió que se suspendiera la licitación, por cuanto el principio de participación y de publicidad no se había garantizado en el proceso.

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Los usuarios y los líderes de Atalaya habían pedido, al caer la tarde del jueves, en las afueras del Policlínico, que se suspendiera el proceso, que tiene un valor de 17.000 millones de pesos, debido a que en la víspera de la audiencia de adjudicación no se les había dado a conocer detalle alguno sobre lo que se pensaba hacer en el policlínico.

Calabró dijo a La Opinión que lo haría ayer en la tarde, aunque al cierre de esta edición se desconocía si se cumplió, por cuanto se emitió previo a la resolución que declaró desierta la licitación.

La Opinión quiso conocer el concepto de un experto en centros de trauma y le preguntó al médico ortopedista José Manuel Pinzón qué tan viable es que se construya en la ciudad uno de esta naturaleza, a lo que respondió que los centros y las unidades de traumas, en el mundo, son generalmente anexos a hospitales grandes, “porque no es hacer la planta física, sino la calidad humana y científica con la que se va a prestar la atención”.

Esto último, a juicio de la comunidad, tampoco estaba garantizado.

Habrá control político

Pese a que la licitación fue declarada desierta, la gerente de la ESE Imsalud, Katherine Calabró, fue citada al Concejo el próximo 5 de marzo, para que rinda un completo informe sobre el proceso que pretendió llevar a cabo con la adjudicación de un contrato para la construcción del centro de trauma y ortopedia en el policlínico de Atalaya.

La cita se fijó a las 9 de la mañana, en la plenaria de la corporación, y a la misma también fue invitada la secretaria de Salud de Cúcuta, Judith Ortega

El presidente del Concejo, Jaime Marthey dijo que Calabró deberá presentar los estudios que determinaron esa decisión de publicar dicha licitación; situación que es desconocida por la corporación municipal y que no se informó a la comunicidad. Además se solicitó por parte de la mesa directiva, previo requerimiento de la plenaria, el acompañamiento de los representantes de los órganos de control, sindicatos y asociaciones de usuarios.