“Pasamos dos meses sin poder trabajar, por la orden que dio el alcalde de desalojarnos de un espacio en el que llevamos más de 10 años”, cuenta Jorge Morales, vendedor de bolsos en la esquina de la avenida 5 con calle 11.

Esta, según él, fue la razón por la cuál 17 personas, de las 75 que ocupan los andenes de la avenida 5 entre calles 11 y 12, decidieron presentar acciones de tutelas contra el Municipio y la Policía de Cúcuta, alegando el derecho al trabajo y al mínimo vital y la confianza legítima.

El juzgado primero penal municipal para la adolescencia con función de control de garantías, lugar al que llegaron las tutelas, le ofició al municipio el fallo a favor de los informales.

Lo que se ordena 

Según el documento, la Alcaldía de Cúcuta, debe, dentro de un plazo máximo de 10 días, verificar la situación personal, familiar, social y económica  de cada uno de los demandantes y ofrecerles, en un plazo de 20 días, una alternativa económica, laboral o la reubicación de su oficio.

Además, advierte al alcalde, César Rojas, para que ordene al comandante de la Policía que los agentes que ejecutan los operativos de preservación del espacio público se abstengan de dar un trato indigno a los vendedores.

Según el fallo conocido por La Opinión, no se obliga, como se había rumorado, al Municipio a entregarles el espacio público a estos vendedores, ni tampoco le ordena que los debe dejar que sigan invadiendo el espacio público.

Oscar Gerardino, secretario de Gobierno de Cúcuta, dijo que se recibió con sorpresa el fallo a favor de los ambulantes.

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Sin embargo, aseguró que lo acatarán, pero que ya se impugnó, pues aunque se pide el derecho al trabajo, también está el derecho de la comunidad en general de movilizarse libremente por las calles de la ciudad.

Dijo el funcionario que a estos vendedores ya se les han presentado ofertas para que dejen de invadir las calles, pero nos las han aceptado.

Morales aseguró que ellos piden que los dejen trabajar, y que si los van a reubicar, que sea en un espacio donde también haya comercio, y advirtió que si los envían a sectores lejanos no acatarán la reubicación.

Alirio Riveros, presidente de la ONG Veeduría de Derechos Humanos Operación Libertad, quien acompañó la acción legal, dijo que esperarán el fallo en segunda instancia, pero adelantó que la administración tendría que entrar a buscar una solución de reubicación.

Dijo que en conversaciones con el alcalde se propuso el parque lineal, que además de recuperarlo, podría impulsar el comercio en el sector, y así también se respetará la movilidad cucuteña.

Gerardino dijo que serán respetuosos del proceso, pero que desafortunadamente, las propuestas hechas no ha sido bien recibidas por los vendedores, y advirtió que ya está terminando el proceso de contratación de personal para continuar con la recuperación del espacio público con el fin de garantizarles a los cucuteños la libre movilidad.

Aunque no hay cifra oficial, pero se cree que son más de 1.300 personas las que ocupan el espacio público del centro, además, con la llegada de venezolanos la invasión ha aumentado en un 60 por ciento. 

Los vendedores aseguran que no tienen otra alternativa de trabajo. En un día pueden llegar a vender desde 10 mil hasta 50 mil pesos.