El municipio se ha privado de hacer efectivo el cobro de algo más de 20 mil millones de pesos por impuesto predial a las familias que hoy habitan unos 30 mil predios en las comunas 6, 7 y 8 de la ciudadela de Juan Atalaya y el sector de Aeropuerto, en el norte.

La razón: los inmuebles están en situación de hecho, es decir, no están legalizados, pues se encuentran en terrenos ajenos, les pertenecen a una docena de terratenientes de la ciudad.

La Alcaldía admitió que esto está sucediendo, pero no de ahora, sino de tiempo atrás, y por ello tiene en marcha un plan de legalización de predios que, a la fecha, ya dio resultados en cerca de 4.962, cuyas escrituras se entregaron a las familias el año pasado, dijo el director de Planeación, Cristian Buitrago.

De otros 3.775 predios, distribuidos en 18 asentamientos como Laureles, 13 de Mayo, Juan Pablo II, La Isla, Paz y Progreso, Brisas de la Hermita I, Brisas de la Hermita II, Colombia, Valles del Rodeo, Villa de las Américas, Divino Niño, Rafael Núñez, Villa Nueva, 6 de Mayo, Buenos Aires, Paraíso y Camilo Daza, el proceso para su legalización se puso en marcha en el presente año, aseguró, la arquitecta Yalila Orejuela Cardona, profesional universitaria de Planeación municipal.

Al hacer alusión al monto de impuesto que se ha dejado de cobrar, la funcionaria explicó que todo lo que se está haciendo “es precisamente para normalizar esa cartera tributaria, que hoy no cobra el municipio, y que a las familias les ha impedido tener una propiedad en derecho, que le permita acceder a los beneficios que otorga el estado, como subsidios de mejoramiento de vivienda, préstamos en la banca, etc”.

¿Por qué se ha dejado pasar tanto tiempo para hacer efectivo ese impuesto? Orejuela respondió que, por un lado, la familia no paga, porque su predio no está legalizado, y por el otro, el propietario del terreno nos argumenta que su predio está invadido y tampoco paga. Es una situación bien compleja.

El exconcejal Pedro Durán denunció que el Municipio jamás ha movido un solo dedo obrando en favor de las miles de familias poseedoras de mejoras en predios de particulares, que desde hace mucho tiempo, mediante la figura de la prescripción adquisitiva de dominio, han debido adquirir la propiedad por la larga posesión, más de 20 años.

“En cambio, ha sido el mismo Municipio el que ha promovido acuerdos de pago entre los poseedores y los terratenientes urbanos, en los que se invita a reconocerle al terrateniente la propiedad, lo que echa a perder el tiempo transcurrido para que un Juez otorgue la propiedad por la prescripción del dominio”, sostuvo Durán.

Orejuela manifestó que los decretos 564 de 2006 y 1077 de 2015 obligan a los entes territoriales a avanzar en proceso de legalización de asentamientos humanos, sean terrenos públicos o privados “y, en este orden, estamos capacitando a las familias para que conozcan la ruta para alcanzar la propiedad, sin pedirle dinero a cambio”.

Esto se inició ayer en el asentamiento Camilo Daza, en Atalaya, donde hay 670 predios.

'No hacemos trabajo a privados'

Buitrago dijo que Cúcuta, infortunadamente,  creció por las invasiones en distintos tipo de terrenos. “Eso no es para nadie un secreto”, señaló.

Muchas de esas tierras —añadió— les pertenecen al municipio o a entidades públicas del orden nacional. 

Buitrago fue enfático en señalar que la Alcaldía no le hace el trabajo a las entidades privadas, “se lo hacemos a las personas, para que ellos entren en la seguridad jurídica y puedan tener la propiedad sobre los terrenos”.

Propiedad: hay otra vía

Para el representante de Escrituras y Registros Nacionales, Richard Antonio Villegas Larios, la Alcaldía no ha cumplido la tarea como debe ser para que esas 30.000 mil familias que por más de 20 años han vivido en tierras ajenas legalicen sus predios.

El proceso, dijo Villegas, es ante un juez, ante el que se debe probar la prescrripción adquisitiva de dominio del inmueble.

Dijo que al adquirir el derecho sobre su inmueble mediante sentencia judicial, la pesona gana derecho a pedir ayuda para mejoramiento de su vivienda.

La Opinión conoció que ante Escrituras y Registros Nacionales ya 135 familias, de las 30.000 que no han podido legalizar sus inmuebles, dieron poder para demandar pertenencia ante un juez, con miras para adquirir la propiedad del terreno a través de un proceso adquisitivo de dominio.