En una carta dirigida al presidente Iván Duque, a la ministra del Interior, Alicia Arango, al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y a la delegada de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette de Riviero, un grupo de congresistas le solicitó al Gobierno Nacional adoptar las medidas para garantizar y proteger los derechos humanos de los habitantes del corregimiento de Palmarito, en Cúcuta, Norte de Santander.

Según las denuncias de los habitantes de la zona, el pasado 15 de diciembre 150 hombres armados ingresaron al corregimiento. Según la población, los grupos armados se han tomado el control territorial de la zona, sin que haya presencia de las autoridades estatales para evitar la situación.

Los habitantes de Palmarito denunciaron, además, que presuntos miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia hicieron presencia en la zona el 16 de diciembre, con el objetivo de combatir al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

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En Palmarito, corregimiento que conecta Cúcuta con la frontera con Venezuela y el Catatumbo, han ocurrido tres masacres en lo corrido del año, 3.500 personas han sido desplazadas y 15 líderes sociales han sido amenazados.

“Los habitantes de la región nos han manifestado el temor y la amenaza que viven día a día ante el aumento de los grupos armados ilegales en su territorio. Afirman que estos hechos los han puesto en conocimiento del Gobierno Nacional y a la fecha no se han adoptado las medidas necesarias para proteger su vida y su seguridad”, dice el documento.

En ese sentido, los congresistas le solicitaron al Gobierno Nacional ofrecer una respuesta institucional inmediata, eficaz y permanente para garantizar la seguridad y el derecho a la paz y a la vida de los habitantes de Palmarito.

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Así mismo, pidieron a la Procuraduría General, a la Defensoría del Pueblo y a la Alta Consejería para los Derechos Humanos de la ONU, que realicen una especial vigilancia a las investigaciones, acciones y medidas adoptadas para proteger los derechos humanos de los habitantes de la región.

La carta fue firmada por los senadores Antonio Sanguino, Iván Cepeda, Iván Marulanda, Alberto Castilla, Sandra Ramírez, Aida Avella, Jorge Robledo, Jorge Londoño, Wilson Arias y Juan Luis Castro y por los representantes a la Cámara Wilmer Leal, María José Pizarro y León Fredy Muñoz.