El Juzgado Séptimo Penal Municipal, con funciones de conocimiento, de Cúcuta condenó a Celso Soraca Botello, de 39  años, y a Franklin Sánchez Cano, de 23, a un año y 9 meses de prisión por hurto calificado y agravado, tras robar un local comercial del barrio Ospina Pérez, en la ciudadela Juan Atalaya.

Los dos hombres llegaron a un preacuerdo con la Fiscalía aceptando su responsabilidad a cambio de un descuento en la pena, que consistió en degradar su participación de autores  a cómplices. Además, indemnizaron a las víctimas, que fueron intimidadas en su accionar.

En mayo de 2019, Soraca Botello y Sánchez se apropiaron mediante la modalidad de atraco de una  motocicleta colombiana, $917.000 en efectivo, tres  teléfonos celulares de alta gama, dos relojes valuados en $800.000 y otros artículos que eran comercializados en el local asaltado, según el reporte de las  autoridades policiales.

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Tras el robo, la Policía  Metropolitana de Cúcuta  (Mecuc) fue informada del hecho delictivo y activaron el plan candado para capturar a las personas  señaladas, quienes al notar la presencia de la patrulla intentaron escapar en la moto  hurtada, pero fueron interceptados metros más adelante.

Los capturados tenían en  su poder un arma de fogueo  tipo traumática, además del dinero y demás elementos robados en el  local comercial de la comuna 7.

Los implicados tras ser reconocidos  por las personas afectadas  como los autores del atraco, quedaron a disposición de la autoridad  competente y mediante  audiencia pública un juez  de garantías les  dictó medida intramural, mientras avanzaba el proceso en su contra.

Según el informe policial, los capturados ya tenían antecedentes, siendo  una conducta delictiva recurrente.

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A prisión

Celso Soraca y  Franklin Sánchez asistieron a la diligencia, en una de las salas del primer piso del Palacio de Justicia de Cúcuta, custodiados por guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y al término de la misma regresaron a la cárcel de Cúcuta, donde deberán purgar la pena impuesta, descontando los días que llevan privados de la libertad.

En la sentencia, el togado además ordenó destruir el arma que fue utilizada en la comisión de este ilícito.