El despeje del espacio público en Cúcuta se tardará si, según como solicitó el Concejo, se debe surtir el debido proceso al que conminan sentencias judiciales, el cual incluye mesas de trabajo con los vendedores informales y búsqueda de acuerdos para reubicación y reconversión.

Así se concluyó el viernes en el control político que se adelantó con la secretaría municipal de Gobierno, durante el cual se instó a la administración municipal a concertar con los vendedores para luego consolidar un plan de acción.

Para el concejal Juan Capacho, citante del debate, “es importantísimo un escenario de concertación” que trascienda el proceso de caracterización que ya adelantó la secretaría en la zona céntrica, y pase a un censo y plan de reubicación.

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Aunque el titular de Gobierno, Jimmy Cárdenas afirmó que ya se ha avanzado en la presentación de programas y opciones de reubicación a los vendedores, las cuales no han sido formalmente rechazadas, Capacho advirtió que no se trata solamente de enviarlos a un sitio, sino de generar opciones para su subsistencia.

“Lo reto a organizar un encadenamiento productivo”, dijo al funcionario. “Si conseguimos productos de calidad, si se da una buena manipulación de alimentos, hagamos que se logre y que su economía se dinamice”.

Agregó que en cuanto se cumpla el debido proceso, será el momento de dar el ultimátum a los vendedores, para que el espacio público sea recuperado.

Por su parte, Cárdenas dijo que ya pese a las dificultades en materia de acuerdo con los informales, se está construyendo un plan de acción para establecer un plan operativo y administrativo del espacio público, que avanza con la caracterización de los vendedores del centro de Cúcuta, los cuales suman 1.367 personas.

Aunque esta es la cifra oficial, Yolanda Olarte, abogada de los vendedores y defensora de derechos humanos, afirmó que el dato es errado pues habría casi 7 mil vendedores, en todo el casco urbano, que em su mayoría quiere salir de esta actividad.

“Queremos reubicación, programas de reconversión rentables y permanentes”, dijo, a la vez que conminó a la administración a no desgastarse más con las operaciones “que no están dando resultados”, pues lo urgente son las mesas de trabajo.

Una de las sorpresas presentadas al Concejo fue un decreto municipal (176 de 2018, que no aparece en la página web de la Alcaldía) que ordena la restitución del espacio público “en las zonas donde haya lugar, indistintamente de su ubicación”.

Este documento fue calificado como inconstitucional e ilegal, al ir contra una sentencia de la Corte Constitucional.

Al respecto, el concejal Jaime Marthey cuestionó el documento, y exigió reconocer que así como hay informales que utilizan el espacio público para su subsistencia, “hay invasores sobre los cuales la administración se hace la de la vista gorda, que sí son dañinos y tienen plata”.

Al respecto recordó el uso de espacios como el separador de la avenida Libertadores y sus andenes, con carros y mesas respectivamente, “que sí saben lo que están haciendo, y no lo hacen para subsistir, sino para lucrarse con millones, y allá no he visto acción de los braseros”, puntualizó.

¿Y la subsecretaria?

El debate se vio empañado por la ausencia de la subsecretaria de Gobierno, Sandra Roa, quien no acudió al recinto pese a la citación expresa del Concejo.

Al respecto, el concejal Capacho lamentó que como funcionaria pública no hubiese acudido a la sesión, y lamentó su “renuencia a comparecer”, sin excusa alguna presentada al Concejo.

El concejal Víctor Suárez criticó la ausencia de Roa, de quien se esperaban “respuestas sobre su acción como funcionaria”, y quien por falta de una excusa sería investigada por la Personería.

Entre tanto, el concejal Oliverio Castellanos declaró que no había inconveniente con la inasistencia de Roa, y comentó que “hoy que llega una mujer a este cargo, a ponerle orden a la ciudad, entonces nos molestamos”.

Agregó que “hoy que llega una persona con esa capacidad, con ese talante, la vamos a citar al Concejo para satanizarla”, ante lo cual el concejal Capacho pidió no errar pensando que el debate era personal, pues se originó en las declaraciones de una funcionaria que conminó a la comunidad a agarrar a empujones a los informales.

Roa informó que “quebrantos de salud” que tuvo esta semana le impidieron laborar ayer, aunque su excusa nunca llegó al Concejo.