Ante la negativa del Concejo de no aprobar el proyecto de presupuesto en el plazo legal, ahora el alcalde Donamaris Ramírez deberá legalizarlo por decreto.

El concejal ponente del proyecto, Víctor Suárez, señaló que la negativa de no votarlo positivamente obedeció a la no presencia del secretario de Hacienda, Jorge Enrique Villamizar Jaimes, en la sesión del segundo debate, pero también a la violación del principio de planificación.

“Esto significa que el alcalde (Donamaris Ramírez), de una manera organizada colocó la mayor parte de los recursos en cofinanciación con la gobernación: amarró el presupuesto a prioridades que no corresponden al plan de gobierno del entrante alcalde electo (César Rojas)”, dijo Suárez.

Asimismo -agregó- no se allegó la certificación o el acta de concertación del presupuesto participativo con los ediles.

El subdirector de Planeación y uno de los responsables del plan de gastos del presupuesto de rentas, Jorge Joya, respondió a las críticas de Suárez señalando que el proyecto de presupuesto estaba lo suficientemente sustentado, en cumplimiento del plan de desarrollo.

Lo que menciona Suárez no tiene ningún asidero. Yo no entiendo por qué tanto problema cuando el gobierno entrante, de acuerdo a lo que señala la ley, está facultado para hacer los cambios que desee al presupuesto que recibe, dijo Joya.

“Aquí nadie le ha robado la plata a nadie, insistió el funcionario en franca alusión a los señalamientos de Suárez que apuntan a que se dejaron proyectos y sectores sin plata.

Frente al tema de la cofinanciación, Joya explicó que es una forma de ejecutar proyectos. Nosotros vemos que la Gobernación tiene unos recursos importantes por regalías y se expresa una voluntad de hacer una serie de trabajos con esos recursos, como por ejemplo en el tema de parques.

“Seríamos muy obtusos”

Nosotros seríamos muy obtusos si ante una oferta de $30 mil millones que quiere invertir el acual gobernador y el entrante, no lo aprovechemos, dijo el subdirector de Planeación.

En el tema de educación, Joya dijo que se hizo una oferta de $8 mil millones para apalancar 27 mil millones que ofrece el ministerio de Educación para arreglar los colegios de Cúcuta, lo anterior para preparar la ciudad para la jornada única escolar.

Por su parte, la Tesorera del municipio, Virginia Valencia, lamentó que el Concejo no haya aprobado los proyectos de acuerdo 046, por medio del cual se modifica la estructura administrativa del nivel central del municipio, y el 033 que adopta una condición especial para el pago de impuestos, los cuales estaban sustentados y ajustados a la ley.

Lo que dice la Ley

Según el subdirector de Planeación, el Concejo tiene límites, no puede cambiar la decisión del ejecutivo con respecto a los programas y proyectos que quiere financiar. El concejo puede dar sugerencias y el alcalde es autónomo de aprobarlas o no.

En cuanto a lo que sigue ahora con el presupuesto 2016, cuyo monto en el proyecto de presupuesto asciende a $691 mil millones, hay dos mecanismos para aprobarlo: una que se puede aprobar por decreto y otra que se puede adoptar el presupuesto de la actual vigencia ($620 mil millones).

Según el abogado especialista en derecho administrativo, Juan Carlos Fernández, de acuerdo a la ley 136 de 1994 el Concejo está en la obligación de dar aprobación al proyecto de presupuesto, siempre y cuando esté ajustado a lo que demanda esta ley. En el caso contrario, el cabildo deberá demostrar sus razones para no aprobar, tal como lo contempla el Código Disciplinario Único.

Si el Concejo no aprueba estando todo en orden incurre en una falta disciplinaria, sostuvo Fernández.

También hay que aclarar que el Concejo está en su derecho de exigir las explicaciones del caso cuando considere que hacen falta sustentaciones.

* La Opinión